La Provincia va por los usureros: más de diez prestamistas ilegales detenidos y tasas del Banco Rioja en baja
El gobernador Ricardo Quintela puso sobre la mesa una realidad que muchas familias riojanas conocen de cerca pero pocas veces se nombra con claridad: el endeudamiento golpea a cuatro de cada diez riojanos. Con ese diagnóstico en mano, el Ejecutivo provincial desplegó un doble frente de acción: reducción de tasas en el Banco Rioja y una ofensiva judicial contra los prestamistas que operan por fuera de la ley.
Las cifras hablan solas. La tasa de interés que el Banco Rioja aplicaba a sus clientes rondaba el 76% anual. Por decisión del Poder Ejecutivo provincial, en su carácter de accionista único de la entidad, esa tasa se redujo al 56% para quienes están al día con sus obligaciones. Para los deudores con mora superior a los 90 días, la rebaja es aún mayor: 47%, con la posibilidad de acordar cuotas fijas de refinanciación según las posibilidades de cada titular.
De los aproximadamente 30.000 clientes con créditos activos en el banco, unos 5.000 atraviesan dificultades para cumplir. El monto promedio de esas deudas ronda los 600.000 pesos. “Son las deudas pequeñas”, reconoció Quintela, una frase que describe con precisión el perfil del riojano endeudado: no grandes empresas ni operadores financieros, sino familias de a pie que tomaron créditos para llegar a fin de mes.
La batalla contra la usura
Pero la parte más contundente del mensaje del gobernador apuntó al circuito informal. El crecimiento de los prestamistas ilegales en La Rioja tiene nombre y apellido: documentos firmados en blanco, vehículos y escrituras retenidos como garantía, y montos reclamados judicialmente que ningún deudor puede afrontar. Un esquema de atrapamiento que se aprovecha de quienes no tienen acceso a información financiera ni a crédito formal.
La respuesta del Estado provincial fue concreta. La División de Delitos Económicos de la Policía, en coordinación con la Justicia, lleva detenidos a más de diez prestamistas ilegales. En uno de los operativos más significativos, se secuestraron alrededor de 170 millones de pesos y más de 100 tarjetas de débito, evidencia de la escala que puede alcanzar este negocio ilícito.
Quintela fue directo: quien presta dinero de manera ilegal también tiene consecuencias judiciales. El mensaje es claro y apunta a desalentar una práctica que crece en paralelo a cada crisis económica.
El Banco Rioja también extenderá asistencia a quienes tienen deudas con otras entidades financieras, ofreciendo créditos para cancelar esas obligaciones a tasas más razonables que las del mercado informal.
La gestión provincial asume que el problema del endeudamiento no se resuelve de un día para el otro, pero marca con decisión el camino: más crédito accesible, refinanciación posible y tolerancia cero con la usura.