El Gobierno de la Provincia de La Rioja informa a la comunidad local y a la opinión pública nacional su posición en relación al Distrito Vicuña, desarrollo minero integrado que comprende los proyectos Josemaría y Filo del Sol, emplazados en la provincia de San Juan, pero con efectos directos sobre territorio riojano.
En este sentido, la Provincia reafirma de manera categórica que no se opone a la actividad minera. Por el contrario, la impulsa como política de Estado, promoviendo su desarrollo bajo criterios de sostenibilidad, control ambiental y generación de oportunidades para las economías regionales.
No obstante, el Gobierno provincial advierte que el desarrollo del mencionado proyecto presenta una situación que debe ser regularizada con carácter urgente: la ausencia de una evaluación de impacto ambiental integral del proyecto en relación con los efectos que este genera sobre el territorio de La Rioja.
Si bien el emprendimiento se encuentra formalmente ubicado en la provincia de San Juan, su cercanía -a menos de 1,5 kilómetros del límite interprovincial- y las características del ecosistema cordillerano implican que sus impactos no se limitan a una sola jurisdicción, sino que se extienden sobre cuencas hídricas, ambientes de alta montaña y comunidades riojanas.
EVALUACIÓN AMBIENTAL
En este marco, la Provincia ha requerido formalmente que el proyecto en su totalidad -y no de manera fragmentada- sea sometido a evaluación ambiental ante la autoridad competente de La Rioja, a fin de garantizar un análisis integral de sus efectos sobre los recursos naturales, el ambiente y la población.
Asimismo, se ha advertido que, en paralelo a esta situación, se viene utilizando territorio riojano para el acceso logístico al proyecto, a través de la localidad de Guandacol y del corredor vial que incluye la Ruta Nacional 40 y el trayecto Guandacol – Santa Elena – Zapallar – Las Cuevas – La Ciénaga, en los departamentos General Lamadrid y Coronel Felipe Varela, sin contar con la debida evaluación ambiental en la jurisdicción provincial.
Este uso del territorio no constituye un hecho aislado, sino parte de la operatoria general del proyecto, lo que refuerza la necesidad de una evaluación ambiental unificada, que contemple tanto el emprendimiento minero como su infraestructura de acceso como un único sistema.
En este contexto, la Justicia con asiento en Chilecito hizo lugar a una acción promovida por el Estado provincial y dispuso la suspensión de las actividades vinculadas al proyecto en territorio riojano, así como la prohibición de uso de los caminos mencionados, hasta tanto se cumpla con la presentación del correspondiente Estudio de Impacto Ambiental ante las autoridades provinciales.
La resolución judicial se sustenta en el principio de que el ambiente no reconoce límites políticos, y en la obligación de prevenir posibles daños, aplicando el principio precautorio establecido en la legislación vigente.
Asimismo, se ha señalado que el área de influencia del proyecto comprende ecosistemas de alta fragilidad, incluyendo cuencas hídricas que alimentan cursos de agua en territorio riojano, así como sectores de la Reserva Provincial Laguna Brava, lo que exige un abordaje ambiental riguroso y coordinado.
BASES CLARAS
El Gobierno de La Rioja subraya que esta medida no implica una oposición a la actividad minera, sino una acción destinada a garantizar que su desarrollo se realice dentro de un marco de legalidad, con respeto por las jurisdicciones provinciales y por los bienes naturales comunes.
En ese sentido, la Provincia sostiene que el desarrollo minero debe contemplar no solo el cumplimiento de las normas ambientales, sino también la participación efectiva de las jurisdicciones involucradas, incluyendo la incorporación de mano de obra local, proveedores riojanos y mecanismos de compensación acordes al uso del territorio.
La Rioja reafirma que el crecimiento productivo debe construirse sobre bases claras: el respeto por las provincias, la protección del ambiente, y una distribución justa de los beneficios.
En ese camino, continuará promoviendo el diálogo institucional con las jurisdicciones involucradas y las empresas responsables, con el objetivo de avanzar hacia un desarrollo minero sostenible, con inclusión y pleno respeto por el territorio provincial.