Una funcionaria ratificó ante la Justicia que le prestó su tarjeta a Adorni para comprar equipos gamer por casi 6 millones de pesos
La declaración de Laura Schiuma agrava la situación judicial del ex vocero presidencial, investigado por presunto enriquecimiento ilícito durante su gestión en el Gobierno Nacional.
La causa que complica a Adorni
Laura Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales, declaró este lunes ante el fiscal federal Gerardo Pollicita en los tribunales de Comodoro Py y confirmó que el año pasado le prestó su tarjeta de crédito a Manuel Adorni para que realizara una compra personal.
Según su testimonio, el ex vocero presidencial utilizó la tarjeta a través de su cuenta personal de Mercado Libre para adquirir un monitor gamer Samsung Odyssey Oled G8, valuado en 2.184.999 pesos en agosto de 2025. Schiuma también declaró que, tras la operación, Adorni le devolvió el dinero en efectivo.
Gastos que no cerraban con el sueldo
La declaración se enmarca en una investigación penal que examina los consumos millonarios del ex funcionario libertario y las inconsistencias detectadas entre sus gastos y los ingresos que percibía como vocero del Gobierno Nacional.
La causa no se limita al monitor adquirido con la tarjeta de Schiuma. La Justicia también determinó que se utilizaron las tarjetas de Luis Enrique Aluju, otro empleado de la Vocería Presidencial, para comprar dos proyectores Epson destinados al uso de videojuegos, a un precio de 1.831.795 pesos cada uno. En total, los equipos de entretenimiento detectados en la investigación suman casi 6 millones de pesos.
Una situación judicial que se complica
El testimonio de Schiuma es un dato clave para la causa: no solo confirma el uso de tarjetas ajenas por parte del ex funcionario, sino que además establece un patrón de comportamiento que los investigadores vienen analizando en detalle.
Adorni, quien ocupó el cargo de jefe de Gabinete y fue una de las figuras más visibles del gobierno de Javier Milei, enfrenta ahora una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que suma declaraciones comprometedoras y montos difíciles de explicar desde su posición como funcionario público.
El expediente continúa bajo la órbita del fiscal Pollicita, y no se descarta que en los próximos días se produzcan nuevas citaciones o novedades judiciales en torno al caso.