La suspensión del proyecto por decisión judicial provocó pérdidas por más de 5.000 millones de dólares en cinco días y desató un conflicto que ya no es solo ambiental. En La Rioja apuntan contra los Menem por su cercanía con las empresas.
El proyecto Vicuña dejó de ser una discusión técnica para convertirse en un problema político de alto voltaje. El fallo de la jueza María Cecilia Deker, que ordenó frenar avances hasta garantizar el cumplimiento de requisitos ambientales, no solo alteró el desarrollo de la iniciativa minera, sino que impactó de lleno en los mercados y en la escena pública.
En apenas cinco días, empresas vinculadas al Lundin Group perdieron más de 5.000 millones de dólares en su capitalización bursátil. La magnitud del derrumbe refleja el peso que tiene el riesgo judicial en proyectos de gran escala, pero también funciona como un indicador de la fragilidad de iniciativas que avanzan sin consensos sólidos. El efecto económico fue inmediato. El político, inevitable.
En paralelo al desplome, comenzaron a multiplicarse los cuestionamientos hacia los Menem, señalados por distintos sectores por su posicionamiento cercano a las compañías involucradas. En La Rioja, donde el conflicto tiene impacto directo, las críticas apuntan a una tensión cada vez más visible entre intereses empresariales y la defensa de los recursos provinciales.
El fallo de Deker introdujo un límite claro. No se trata solo de una obra o de una traza puntual, sino de la necesidad de evaluar el proyecto en su totalidad. La resolución pone el foco en la falta de estudios ambientales integrales y refuerza el principio de prevención, un criterio que obliga a frenar antes de que el daño ocurra y no después.
Además, la decisión reconoce la potestad de la provincia de La Rioja para intervenir en un proyecto que, aunque se origine en otra jurisdicción, puede afectar su territorio. Ese punto reabre una discusión más profunda sobre federalismo y control de los recursos naturales, en un contexto donde los proyectos extractivos suelen avanzar por encima de esas tensiones.
UN DEBATE MÁS AMPLIO
Desde el Gobierno provincial insisten en que el eje de la discusión no puede reducirse a una obra puntual. El foco, plantean, debe estar puesto en el análisis integral del proyecto Vicuña y en la evaluación de su impacto ambiental en su conjunto.
“Estamos hablando de una iniciativa de gran escala. La discusión es mucho más profunda que una obra puntual. Tiene que ver con el modelo de desarrollo, el respeto por las autonomías provinciales y la protección del ambiente”, señalaron desde el Ejecutivo riojano.
En ese marco, el caso empieza a mostrar algo más que un conflicto específico. Expone una disputa de fondo sobre cómo se gestionan los recursos naturales y qué lugar ocupan las provincias frente a proyectos de alto impacto económico.
El dato de fondo es que el conflicto ya no se limita a tribunales ni a balances financieros. La combinación entre un fallo que frena el avance, un derrumbe millonario y un señalamiento político directo coloca a los Menem en una posición incómoda en un tema especialmente sensible para La Rioja.
El caso Vicuña, lejos de cerrarse, abre una etapa donde cada movimiento tendrá consecuencias. Y donde el margen para sostener posiciones sin costo político empieza a achicarse.