Una petrolera con el pasado manchado por Malvinas accede al RIGI: la denuncia que incomoda al Gobierno
El Gobierno nacional enfrenta una contradicción difícil de sostener. Mientras el presidente Javier Milei endurece el discurso sobre las Islas Malvinas y anuncia una ofensiva contra empresas vinculadas a operaciones hidrocarburíferas en la plataforma continental sin autorización, en su propio gabinete se aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones de una empresa que arrastra precisamente esa historia.
El diputado nacional Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, presentó una denuncia formal que expone una contradicción de fondo: Harbour Energy, una petrolera de origen británico, figura como accionista con el 15% de Southern Energy, proyecto aprobado mediante la Resolución 559/2025 para desarrollar actividades de producción y exportación de gas desde Río Negro bajo el paraguas del RIGI.
El problema no es menor. Según Ferraro, Harbour Energy es la misma persona jurídica que antes operaba como Premier Oil PLC, razón social que cambió en 2021. Y Premier Oil no es cualquier empresa: fue inhabilitada en 2013 por la entonces vigente Ley 26.659, como consecuencia directa de haber realizado tareas de exploración en la plataforma continental argentina, en las proximidades de las Islas Malvinas, sin contar con la autorización del Estado nacional. Esa sanción, según el legislador, se extiende hasta 2028.
En otras palabras: una empresa que cambió de nombre pero no de identidad jurídica estaría accediendo a beneficios fiscales y regulatorios de excepción que el propio Estado argentino habría debido negar, al menos mientras dure la inhabilitación.
La denuncia adquiere una dimensión política especialmente sensible porque llega en el momento en que el Gobierno proclama precisamente lo contrario: que no habrá contemplación con quienes hayan operado en Malvinas al margen de la soberanía argentina. La distancia entre el discurso y los hechos es lo que Ferraro pone bajo la lupa.
El RIGI, impulsado como uno de los instrumentos centrales del modelo económico libertario para atraer inversiones de gran escala, queda así en el centro de una polémica que mezcla soberanía, control del Estado y coherencia política.
Lo que resta saber es si el Ejecutivo revisará la situación de Southern Energy o si la denuncia quedará como un expediente más en un Congreso acostumbrado a las inconsistencias que nadie termina de resolver.