La Rioja aumentó salarios estatales un 27% y desafía la tensión financiera con la Nación
El Gobierno provincial defiende su gestión económica en medio del conflicto por la coparticipación nacional y asegura que el ajuste no implicó despidos.
El secretario General de la Gobernación, Ricardo Herrera, salió a respaldar públicamente el manejo de las finanzas provinciales y puso sobre la mesa una serie de medidas que, según su visión, permitieron mantener la estabilidad del empleo estatal y el nivel de actividad en La Rioja, pese a las tensiones con el Gobierno nacional.
El dato más concreto que aportó: los empleados públicos de la provincia acumularon un incremento salarial del 27% durante el primer semestre del año, cifra que, según Herrera, supera la inflación registrada en el mismo período.
Una defensa ante las críticas
La declaración de Herrera no es casual. Llega en respuesta a señalamientos del diputado nacional Martín Menem, quien cuestionó el destino de los fondos provinciales. Frente a esas acusaciones, el funcionario optó por presentar números concretos: aumentos de sueldo, obras en marcha y tarifas congeladas como evidencia de una gestión que, según él, prioriza al ciudadano riojano.
Entre las medidas mencionadas figuran el congelamiento de tarifas de servicios y de cuotas de viviendas sociales, iniciativas que apuntan a aliviar el bolsillo de los sectores más vulnerables en un contexto nacional de ajuste generalizado.
El nudo del conflicto: la coparticipación que no llegó
Uno de los puntos más sensibles de la exposición fue la revelación de que La Rioja nunca recibió el adelanto de fondos de coparticipación que el Gobierno nacional había comprometido, a pesar de que la provincia habría cumplido con todos los requisitos administrativos exigidos.
Herrera reconoció que esta situación obligó a reestructurar la administración pública provincial. Sin embargo, fue enfático en calificar ese proceso como un ajuste “táctico”, aclarando que no derivó en despidos ni en una reducción del plantel estatal.
La demora en el envío de los recursos nacionales complicó la planificación financiera local y redujo el margen de maniobra del Ejecutivo provincial, que debió buscar alternativas para sostener sus compromisos de gasto.
Obras que continúan, pese al freno nacional
Otro aspecto que destacó el funcionario es que, ante el virtual estancamiento de la obra pública nacional en La Rioja, la provincia decidió avanzar por cuenta propia con pequeñas obras distribuidas en todos los departamentos del territorio. Si bien no brindó detalles sobre el financiamiento de esas iniciativas, el mensaje político fue claro: la provincia no frenó su agenda de inversión local.
A esto se sumó el dato de una mejora en la recaudación provincial por liquidación de impuestos, lo que habría dado cierto oxígeno a las cuentas locales en un marco de menor transferencia desde la Nación.
Un escenario que suma presión política
El contexto en el que se producen estas declaraciones es relevante. La disputa por la coparticipación entre La Rioja y el Gobierno nacional viene acumulando tensión desde hace meses. La postura del Ejecutivo provincial es que cumplió con su parte del trato y que la demora en los fondos responde a una decisión política de la administración central.
Con este panorama, el aumento salarial del 27% se convierte en un argumento de gestión que el oficialismo provincial buscará sostener de cara al debate político que se avecina.