El RIGI minero que preocupa a toda la región: San Juan cede soberanía por 71 años y renuncia a multas ambientales
Un acuerdo que debería alarmar a las provincias cordilleranas
El megaproyecto minero Vicuña, ubicado en la Cordillera Sanjuanina en el límite con Chile, se convirtió en el caso más extremo de lo que el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) puede implicar en términos concretos para una provincia argentina: renuncia a la soberanía judicial, congelamiento de regalías, exención de multas ambientales y la destrucción anunciada de un glaciar inventariado por ley.
El proyecto, controlado por la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining, fue presentado como la mayor inversión minera de la historia del país: u$s 9.700 millones de desembolso inicial y una proyección final de u$s 18.000 millones. Los números son contundentes. Pero lo que está detrás del acuerdo firmado el 5 de agosto entre la corporación Vicuña y el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego es una cesión de facultades estatales de una magnitud que no tiene precedentes en la historia reciente de las provincias argentinas.
Lo que cedió San Juan, punto por punto
El acta de compromiso, ratificada por la Legislatura provincial con 27 votos a favor y 9 en contra, tiene 57 páginas que valen más que cualquier discurso oficial sobre soberanía y desarrollo.
El economista Hugo Berozzi, quien fue despedido de su cargo en el Fondo de Garantías provincial pocos días después de publicar su análisis del acuerdo, detalló las principales concesiones:
Los u$s 250 millones presentados como “inversión en daño ambiental” son en realidad un pago único y definitivo por todo concepto. Gran parte de esa suma deberá destinarse a refaccionar la Ruta 40 entre San Juan y Jáchal, necesaria para la logística de la propia mina.
Las regalías quedan congeladas en el 3% durante toda la vida útil del emprendimiento, aunque la ley nacional habilita cobrar hasta el 5%. La diferencia representa una pérdida estimada en u$s 491 millones para San Juan.
La provincia renuncia a imponer impuestos, multas o exigir reparaciones ambientales adicionales durante los próximos 71 años.
Cualquier disputa, sea ambiental, tributaria o de fiscalización, será resuelta exclusivamente por un tribunal arbitral de la Cámara de Comercio Internacional. Los jueces argentinos quedan fuera del tablero.
Un glaciar en la mira y una ley que ya no lo protege
El proyecto se asienta sobre glaciares de escombros y el Glaciar GE110, que estaba inventariado y protegido por la antigua Ley de Glaciares. Esa protección fue debilitada precisamente cuando el proyecto comenzó a avanzar. Organizaciones ambientales denunciaron que ejecutivos de Vicuña Corp estuvieron entre los principales impulsores del cambio normativo.
El Observatorio del RIGI, integrado por FARN, el CELS y la Universidad Nacional de San Martín, advirtió que el glaciar ya fue intervenido por tareas exploratorias. Además, la demanda energética del proyecto podría alcanzar los 700 MW, más que el consumo de toda la población sanjuanina, y su impacto sobre las cuencas hídricas, como el río Jáchal, genera alarma en comunidades con más de 34.000 habitantes.
Por si hiciera falta agregar antecedentes: BHP fue declarada responsable por un tribunal inglés por el desastre de la represa de Fundão en Brasil, uno de los mayores desastres ambientales vinculados a la minería. Lundin Mining, por su parte, enfrenta un proceso judicial en Suecia por presunta complicidad en crímenes de guerra.
Una señal que va más allá de San Juan
Lo que ocurre en la Cordillera Sanjuanina no es ajeno a La Rioja. El RIGI es una política nacional que aplica en todo el territorio argentino, y el modelo de acuerdo que aceptó San Juan marca un precedente peligroso sobre hasta dónde puede ceder una provincia en nombre de la inversión. Las reservas de agua, los glaciares y los recursos naturales del NOA y Cuyo comparten lógicas territoriales y ambientales que no reconocen límites provinciales.
La pregunta que queda en pie es sencilla y urgente: ¿quién controla a las empresas cuando el Estado, por escrito y por ley, renunció a hacerlo?