Cristina lleva su condena a la ONU: la defensa apuesta a Ginebra para revertir la inhabilitación
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner formalizó ante las Naciones Unidas el pedido de revisión de la Causa Vialidad, la condena que la dejó fuera de la carrera electoral. Sus abogados presentaron nuevas pruebas ante el Comité de Derechos Humanos del organismo internacional y apuntan a que el caso sea tratado en la sesión de octubre.
La presentación fue encabezada por los letrados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, quienes sostienen que durante el proceso judicial se violaron derechos fundamentales de la ex mandataria. El objetivo central es lograr que se deje sin efecto la inhabilitación para ejercer cargos públicos, el punto que más pesa políticamente sobre su figura.
La condena a seis años de prisión domiciliaria quedó firme luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara por unanimidad el recurso extraordinario presentado por la defensa, ratificando así el fallo del Tribunal Oral Federal 2. Esa decisión cerró la vía judicial interna y habilitó el camino hacia los organismos internacionales.
La apuesta internacional
El Comité de Derechos Humanos al que acudió la defensa tiene sede en Ginebra y está integrado por 18 expertos independientes. Su función es supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados signatarios. Sus resoluciones no tienen carácter vinculante, pero generan antecedentes jurídicos y, sobre todo, presión política e institucional sobre los países involucrados.
La nueva prueba que presentaron los abogados de Cristina fue anunciada en conferencia de prensa el 15 de septiembre. Beraldi afirmó entonces que los datos demuestran que la inversión asignada a las empresas de Lázaro Báez durante la presidencia de Kirchner representó menos del 1% del total de los fondos entregados a la Dirección de Vialidad. “Ahora se demuestra con una prueba concreta que es falso que se quiso beneficiar a Lázaro Báez”, sostuvo el abogado, quien agregó que las firmas del empresario patagónico ocupaban posiciones marginales en el ranking de adjudicaciones.
Un caso con peso político nacional
Más allá del debate jurídico, la presentación ante la ONU abre un nuevo frente de discusión sobre el sistema judicial argentino. La estrategia de la defensa busca instalar la idea de un proceso viciado, apuntando a erosionar la legitimidad de una condena que la Corte ya convalidó por unanimidad.
Si el Comité decide emitir una opinión favorable a Cristina, no tendría efectos inmediatos sobre su situación legal en Argentina, pero podría alimentar el debate político sobre la independencia judicial y condicionar el escenario institucional hacia adelante.