Presupuesto 2027: el Gobierno nacional cede en discapacidad para sumar votos y destraba el debate parlamentario

El oficialismo nacional decidió modificar el capítulo sobre Discapacidad del proyecto de Presupuesto 2027. El movimiento no es casual: busca acercar posiciones con los bloques dialoguistas antes de que se firmen los dictámenes de comisión. Una negociación que tiene ganadores concretos: las personas con discapacidad y sus familias, que verán reflejadas en la ley demandas que venían sosteniendo desde hace tiempo.

Qué cambia con la nueva redacción

El oficialismo presentó un texto que incorpora la mayoría de los puntos que la oposición reclamaba prorrogar de la ley de emergencia en Discapacidad. Los cambios más relevantes son tres.

Primero, la creación de un nomenclador único, que unifica los criterios de prestaciones y pone fin a la dispersión normativa que generaba inequidades entre beneficiarios de distintas provincias, incluyendo La Rioja.

Segundo, la indexación mensual automática de los aranceles que cobran los prestadores de servicios. Este punto era uno de los más sensibles: sin actualización periódica, muchos prestadores habían comenzado a rechazar pacientes por la pérdida de valor de los contratos.

Tercero, y de gran relevancia social, la compatibilidad de la pensión no contributiva por discapacidad con un empleo formal que genere ingresos de hasta dos salarios mínimos. Hasta ahora, conseguir trabajo implicaba perder la pensión, una trampa que desalentaba la inserción laboral.

Sostenibilidad y pagos: las cláusulas que el sistema necesitaba

El proyecto incorpora también un sistema de auditorías periódicas para monitorear el funcionamiento del esquema y garantizar que el crédito presupuestario sea suficiente para sostenerlo. A eso se suma una cláusula transitoria que asegura el cumplimiento del cronograma de pagos a los prestadores, uno de los focos de conflicto más persistentes del sector.

Por qué importa para La Rioja

La provincia cuenta con una proporción significativa de familias que dependen de las prestaciones del sistema de discapacidad. Cualquier modificación en los aranceles, en los criterios de acceso o en la regularidad de los pagos impacta de forma directa en hogares riojanos que, en muchos casos, no tienen otra red de contención.

La negociación en el Congreso todavía no está cerrada, pero la señal que envía el Gobierno es clara: hay margen para incorporar demandas históricas del sector si eso permite avanzar en la aprobación del presupuesto. El resultado, de confirmarse, representaría una mejora concreta para miles de personas con discapacidad en todo el país.