El gobierno de Javier Milei ejecutó una reducción del gasto público de aproximadamente 30%, equivalente a 10 puntos del PBI. Esa cifra no es solo un dato estadístico: implica obra pública paralizada, programas de salud cancelados como el Remediar, jubilaciones deterioradas más del 10% en términos reales y salarios públicos caídos un 35%, incluyendo a docentes universitarios.
Con ese escenario como punto de partida, el peronismo enfrenta una pregunta que incomoda: si llega al gobierno en 2027, ¿cómo revierte ese recorte sin desestabilizar la economía?
Un debate que divide aguas
La discusión no es nueva, pero cobró fuerza luego de que un sector del peronismo encabezado por Juan Manuel Olmos, Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz lanzara una proclama en defensa del orden macroeconómico. La polémica creció cuando Aníbal Fernández admitió que, al menos en una primera etapa, mantendría buena parte del ajuste heredado.
Axel Kicillof, el dirigente mejor posicionado en las encuestas, evita adelantar medidas concretas. Su argumento es que las políticas a aplicar dependerán del estado en que Milei deje el país. Sin embargo, en un discurso reciente fue categórico: “A Milei no hay que imitarlo en nada. No nos van a convencer de que el problema es Milei pero que están bien sus políticas. En ningún aspecto vamos a copiar la política macro.”
Cinco voces, un mismo problema
Para profundizar el análisis, referentes económicos del peronismo expusieron sus visiones. Los consensos son pocos y las diferencias, significativas.
Roberto Feletti, ex viceministro de Economía, sostiene que el primer paso no es ordenar las cuentas públicas sino el sector externo. “Primero hay que tener muchos dólares en el Banco Central y un programa de deuda sustentable”, afirma. Propone un shock redistributivo: suba fuerte del salario mínimo, obra pública a gran escala y nuevos impuestos sobre las grandes fortunas.
Guillermo Michel, diputado nacional, plantea una postura más moderada. Propone revertir de manera inmediata solo algunos recortes puntuales, como el financiamiento universitario y el Remediar, pero no restaurar todos los programas eliminados. Considera que el superávit primario actual, del 1,3% del PBI, da margen para incrementar el gasto sin romper el equilibrio fiscal.
Julia Strada, también diputada nacional, advierte que el RIGI y los cambios en bienes personales son condicionantes políticos, no solo económicos, que limitan el margen de acción de cualquier futuro gobierno.
Emiliano Estrada, diputado nacional, propone reconstruir de inmediato los salarios del sector público con un aumento inicial del 10%, que representaría apenas el 0,6% del presupuesto total. Suma a eso la reactivación de la obra pública y una revisión de las tarifas de servicios públicos. “No podés aumentar 10 puntos de gasto desde el día uno sin generar un desequilibrio macroeconómico”, advierte.
Matías Kulfas, ex ministro de Producción, sostiene que sin acceso al crédito internacional, la Argentina no puede permitirse déficit. Plantea un aumento gradual del gasto, con foco en infraestructura, educación, salud y política industrial. También propone revisar el RIGI en los proyectos aún no iniciados y apunta a un tipo de cambio entre 30% y 35% más alto para impulsar la competitividad.
Puntos de acuerdo y fracturas internas
Entre las coincidencias aparece la necesidad de renegociar la deuda con el FMI para obtener un perfil de vencimientos sostenible y la aplicación de reformas impositivas de carácter progresivo para aumentar los ingresos del Estado.
Pero ahí termina el consenso. La pregunta de fondo sigue sin respuesta clara: ¿equilibrio fiscal a rajatabla o redistribución inmediata? ¿Gradualismo o shock? ¿Nuevos impuestos o mejor recaudación de los existentes?
El peronismo tiene tiempo hasta el 10 de diciembre de 2027 para resolver ese interrogante. La historia, y el bolsillo de millones de argentinos, esperan una respuesta.