La universidad pública vuelve a parar: docentes exigen que Milei cumpla la ley que el propio Congreso le impuso
Este jueves y viernes, los gremios docentes nucleados en la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) llevan adelante un paro de 48 horas en las principales universidades del país. La medida de fuerza apunta directamente al gobierno nacional, que sigue sin dar cumplimiento a la Ley de Financiamiento Universitario pese a que la Justicia ya lo obligó a hacerlo.
Una ley, un veto y una cautelar que no alcanza
El Congreso de la Nación aprobó la norma que garantiza el financiamiento de las casas de altos estudios. El Poder Ejecutivo la vetó. El Congreso la ratificó. La Justicia, a través de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, confirmó a principios de agosto la vigencia de la medida cautelar que obliga al Estado nacional a acatarla. Sin embargo, las transferencias presupuestarias prometidas no llegaron.
Las autoridades universitarias son categóricas: la demora en la ejecución presupuestaria afecta el funcionamiento cotidiano de las facultades, golpea los salarios del cuerpo docente y compromete las becas estudiantiles.
Los salarios, en el centro del conflicto
El eje más sensible del reclamo es el salarial. Los docentes universitarios acumulan, desde diciembre de 2023, una pérdida del poder adquisitivo cercana al 33 por ciento. Los aumentos otorgados en los últimos meses no sólo quedaron muy por debajo de la inflación, sino que además fueron definidos unilateralmente por el gobierno, sin paritaria de por medio.
Esa situación ya había desembocado tiempo atrás en una medida de fuerza que se extendió durante una semana completa. La nueva paralización de 48 horas no es un hecho aislado: es la continuidad de un conflicto que el gobierno nacional no logra, o no quiere, resolver.
Un debate que llega a La Rioja
Lo que ocurre a nivel nacional tiene repercusión directa en la Universidad Nacional de La Rioja. Los docentes de la UNLaR no están al margen de este deterioro salarial ni de la incertidumbre presupuestaria que genera la falta de implementación de la ley. La medida de fuerza convocada por CONADU es un termómetro del estado de tensión que atraviesa el sistema universitario público en todo el país, incluida nuestra provincia.
El conflicto pone en evidencia una contradicción difícil de sostener: un gobierno que invoca el respeto institucional pero desobedece sistemáticamente lo que el Congreso vota y la Justicia ordena. Mientras tanto, quienes pagan el costo son los docentes y los estudiantes.
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