Proyecto libertario de criaderos de animales, bajo la lupa: desde La Rioja piden que se prohíban, no que se regulen
Una iniciativa impulsada por la diputada nacional Karen Reichardt, de La Libertad Avanza, encendió el debate en torno al tratamiento legislativo de los criaderos de animales y refugios en Argentina. El proyecto propone establecer un marco regulatorio para estas actividades, pero desde el sector proteccionista riojano salieron a rechazarlo con firmeza.
Una contradicción que no pasa desapercibida
Magui Ibáñez, presidenta de la Asociación Protectora de Animales de La Rioja, fue categórica al momento de evaluar la iniciativa: “Los criaderos no se deben regularizar, se debe prohibir”. La referente proteccionista apuntó directamente contra la lógica del proyecto y señaló que existe “una contradicción muy grande” en su redacción.
Según explicó Ibáñez, el texto reconoce a los animales como seres sintientes, una definición que en teoría implica la protección de su bienestar. Sin embargo, al mismo tiempo habilita la legalización de su venta y comercialización, lo que para la dirigente proteccionista resulta incompatible con ese principio.
Bienestar animal versus negocio
El eje del cuestionamiento no es menor: se trata de una tensión de fondo entre dos modelos de relación con los animales. Por un lado, el enfoque proteccionista, que entiende que los animales no deben ser una mercancía. Por el otro, una visión que busca encuadrar legalmente una actividad que hoy opera, en gran parte, en la informalidad.
Para Ibáñez y quienes acompañan su postura, regular los criaderos no soluciona el problema de fondo, sino que lo institucionaliza. La demanda es clara: avanzar hacia políticas que prioricen el bienestar animal por sobre cualquier lógica comercial o económica.
Un debate que llega desde el Congreso a las provincias
El proyecto de Reichardt todavía no tiene fecha de tratamiento definida, pero ya generó reacciones en distintos puntos del país. En La Rioja, la voz de la Asociación Protectora de Animales se suma a las que, desde la sociedad civil, intentan incidir en el debate legislativo antes de que la iniciativa avance en el Congreso.
La discusión pone sobre la mesa una pregunta que va más allá de lo normativo: ¿puede un Estado que reconoce a los animales como seres sintientes permitir al mismo tiempo su producción y comercialización con fines económicos?
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