La decisión de la Justicia de San Juan de garantizar la continuidad operativa del proyecto minero Vicuña profundizó el conflicto institucional con La Rioja, donde una resolución previa había frenado parte del corredor logístico clave para la actividad. El caso ya excede lo judicial y se consolida como un nuevo foco de tensión política interprovincial en torno al control territorial, los recursos y la regulación minera.
El fallo, dictado el 28 de abril por un juzgado de primera instancia de la Segunda Circunscripción de San Juan, hizo lugar a una medida cautelar presentada por la empresa a cargo del proyecto. En concreto, ordena que ningún actor —público o privado— pueda obstaculizar el funcionamiento del emprendimiento, salvo autoridades competentes de esa provincia.
Esta resolución responde directamente a una decisión adoptada en La Rioja, donde la Justicia había dispuesto restricciones al tránsito sobre una ruta provincial y la suspensión de actividades vinculadas al corredor logístico. Esa medida impactó de lleno en la operatoria del proyecto, generando una reacción inmediata de la empresa y de las autoridades sanjuaninas.
Un conflicto que trasciende lo judicial
Más allá de la cautelar, el episodio refleja una disputa de fondo: el control de los corredores estratégicos y los límites de jurisdicción en proyectos extractivos que atraviesan territorios compartidos o zonas de influencia interprovincial.
Mientras San Juan respalda la continuidad del proyecto bajo su marco legal y habilitaciones vigentes, en La Rioja crecen las resistencias vinculadas al impacto ambiental, social y territorial de la actividad minera, especialmente en zonas como Guandacol, donde persisten protestas y cortes.
La empresa, por su parte, confirmó que continuará operando “en cumplimiento del marco legal aplicable” mientras analiza el alcance de la resolución riojana y avanza en gestiones legales e institucionales para normalizar el acceso logístico.
Implicancias políticas y escenario abierto
El caso Vicuña se inscribe en un contexto más amplio de tensiones regionales por proyectos estratégicos, como ocurre también con la disputa por infraestructura energética y minera entre provincias.
Para La Rioja, el conflicto plantea un dilema político: sostener una postura restrictiva frente a la minería en determinados territorios o ceder ante presiones económicas y judiciales que buscan garantizar la continuidad de inversiones. Para San Juan, en cambio, la defensa del proyecto forma parte de su modelo productivo y de desarrollo.
Con decisiones judiciales contrapuestas y sin una coordinación clara entre jurisdicciones, el conflicto sigue abierto y podría escalar a instancias superiores, marcando un precedente clave para la gobernanza de proyectos mineros en la región.