La provincia de La Rioja formalizó su ingreso en la disputa regulatoria por la construcción de una línea de alta tensión de 500 kV impulsada por la empresa Vicuña Argentina en San Juan, y fijó una postura que impacta directamente en el esquema de financiamiento de la obra. La decisión introduce un nuevo foco de tensión entre intereses provinciales, el sector minero y el regulador nacional.
Según la Resolución 219/2026 del ENRE, la Secretaría de Energía riojana presentó una oposición técnica que condiciona la aprobación del proyecto a un punto central: que la empresa privada asuma el costo de las obras necesarias para integrar a La Rioja al sistema eléctrico que se proyecta.
Un reclamo con impacto económico
El planteo de la provincia no es menor. La Rioja exige que no se habilite el acceso a la capacidad de transporte solicitada por Vicuña Argentina hasta que se garantice el financiamiento de la interconexión con su red eléctrica. En términos políticos, la provincia busca evitar que el costo recaiga sobre el Estado o el sistema nacional, trasladando la carga al principal beneficiario del emprendimiento.
Este posicionamiento redefine la discusión: ya no se trata solo de una obra energética, sino de quién paga la expansión de infraestructura en un contexto de fuerte desarrollo minero en la región.
El antecedente que desató el conflicto
El origen de la controversia se remonta a la Resolución 79/2026 del ENRE, que otorgó a Vicuña Argentina prioridad sobre el 90% de la capacidad de transporte por 25 años. Esa asignación está destinada a cubrir la demanda del proyecto minero Josemaría, uno de los más relevantes en etapa inicial en San Juan.
La magnitud del beneficio generó cuestionamientos inmediatos. La Rioja interpreta que esa decisión compromete el acceso equitativo a una infraestructura estratégica y limita sus posibilidades de integración energética.
Estrategia riojana: infraestructura y autonomía
Detrás de la oposición formal hay una estrategia de largo plazo. La provincia busca que la línea de 500 kV no funcione exclusivamente al servicio del desarrollo minero, sino que también permita cerrar el anillo energético regional e incorporar a La Rioja al sistema interconectado en mejores condiciones.
Esta aspiración está vinculada a la necesidad de reducir la dependencia energética y diversificar las fuentes de abastecimiento, un punto clave para el desarrollo productivo local.
El secretario de Energía, Alfredo Pedrali, sintetizó la postura oficial al cuestionar la cesión de infraestructura a intereses privados sin garantías de acceso equitativo, advirtiendo además sobre riesgos para la interconectividad provincial si el proyecto avanza sin modificaciones.
Audiencia clave y escenario abierto
El ENRE convocó a una audiencia pública virtual para el 3 de junio, donde se espera la participación de distintos actores, incluidos municipios sanjuaninos como Jáchal e Iglesia, también afectados por el proyecto.
El resultado de esa instancia será determinante. No solo definirá las condiciones de la obra, sino también el modelo de desarrollo energético en la región: si estará orientado prioritariamente al impulso minero o si incorporará una lógica de integración federal más equilibrada.
Para La Rioja, la discusión trasciende lo técnico. Se trata de fijar reglas sobre cómo se distribuyen los costos y beneficios de una infraestructura estratégica en un contexto de expansión extractiva.