Alineamiento automático y cesión de soberanía
El 18 de mayo de 2026, sin cadena nacional, sin discurso, sin el menor gesto de solemnidad que el acto hubiera requerido, el gobierno de Javier Milei firmó un acuerdo con la Cuarta Flota del Comando Sur de los Estados Unidos para ceder el patrullaje conjunto del mar argentino durante los próximos cinco años. El convenio tiene nombre: Programa de Protección de Bienes Comunes Globales. Ahí está todo. En ese nombre está, perfectamente enrollada, la serpiente entera.
Porque el mar argentino no es un bien común global. Es una zona económica exclusiva reconocida por el derecho internacional, una plataforma continental cuya extensión —que duplica el territorio continental del país— fue ratificada por la ONU en 2016. Es un espacio donde convergen recursos pesqueros valuados en miles de millones de dólares anuales, reservas energéticas offshore, minerales estratégicos y una posición geopolítica crítica como puerta de acceso a la Antártida y a las rutas bioceánicas. No es un lago sin dueño. Tiene dueño. O lo tenía.
EL EUFEMISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO
Llamar “bien común global” al mar argentino no es un error de traducción ni una imprecisión diplomática. Es una definición jurídica y política con consecuencias concretas. En el derecho internacional, ese concepto se aplica a la Antártida y a las aguas internacionales situadas más allá de cualquier jurisdicción. Al adoptarlo para el Atlántico Sur, el gobierno suscribe, con firma y sello, que ese espacio ya no es un recurso exclusivo de los argentinos, sino un área de “interés global” que otras potencias pueden vigilar, patrullar y —según el texto del acuerdo— “interceptar y neutralizar amenazas” en nombre del bien común. Quién define qué es una amenaza y quién decide interceptarla son preguntas que el convenio no responde. Esa omisión no es un olvido: es la arquitectura del negocio.
La cooperación arranca con la entrega de una cámara especializada para patrullaje aéreo y se expandirá con equipos avanzados, entrenamiento de élite y apoyo para interceptar y neutralizar amenazas marítimas. Es decir: no se comparte información, se comparte la decisión. Las operaciones en aguas argentinas se diseñarán y ejecutarán en conjunto con una potencia extranjera que tiene sus propios intereses estratégicos en la región y que nunca los ha ocultado.
LA CONTRADICCIÓN QUE NADIE QUISO VER
El acuerdo fue anunciado, con llamativa discreción, apenas horas después de que se confirmara un recorte de 46.000 millones de pesos en programas de alistamiento operativo de las Fuerzas Armadas argentinas. El gobierno que acepta que una flota extranjera patruje el Atlántico Sur es el mismo que cancela la compra de helicópteros navales para Puerto Belgrano, el mismo que deja a las bases militares sin presupuesto para pagar la luz, el gas y la comida del personal en los cuarteles. Se vacía la capacidad propia y se llena el espacio con la capacidad ajena. El resultado no es cooperación: es sustitución.
No es un dato menor que esto se instrumente mediante un DNU —el Decreto de Necesidad y Urgencia 264/2026—, después de que el Congreso no tratara un proyecto similar presentado en 2025. El mismo patrón de siempre: lo que la democracia no autoriza, lo resuelve el decreto. El mar, por supuesto, tampoco votó.
LO QUE WASHINGTON BUSCA Y LO QUE BUENOS AIRES ENTREGA
Para Estados Unidos, la lógica es transparente. El Atlántico Sur ganó relevancia estratégica por tres factores simultáneos: la expansión de la flota pesquera china en la región —que registró más de 110 millones de horas de actividad en aguas de 90 países entre 2022 y 2024—, el control de las rutas hacia la Antártida, y la proyección sobre los recursos del lecho marino profundo. Washington necesita presencia en ese cuadrante y Milei se la ofrece. El embajador Peter Lamelas lo dijo sin rodeos: “Con Argentina estamos construyendo un hemisferio occidental más fuerte y seguro”. Hemisferio occidental. No Argentina. La diferencia no es semántica.
Para Argentina, en cambio, el balance es más difícil de justificar. La pesca ilegal —el argumento central del acuerdo— no tiene solución militar sino diplomática, y el problema estructural que la sostiene es la imposibilidad de crear una Organización Regional de Ordenamiento Pesquero más allá de la milla 200, precisamente por la presencia británica en Malvinas. El mapeo naval que realizará el programa estadounidense en el Atlántico Sur podría terminar beneficiando, de manera indirecta, a los mismos intereses que hoy usurpan parte del territorio nacional. Milei lo sabe o debería saberlo. Si no lo sabe, es incompetencia. Si lo sabe, es otra cosa.
EL INVENTOR DE LA SOBERANÍA AJENA
Hay una imagen que resume bien este momento. En abril, Milei pasó cuatro horas a bordo del portaaviones nuclear USS Nimitz, desplegado frente a las costas de Mar del Plata en maniobras conjuntas entre ambas fuerzas navales. El presidente que reclama soberanía sobre Malvinas en cada acto del 2 de abril se fotografía sonriente en la cubierta de un portaaviones extranjero que patrulla las mismas aguas que dice defender. La postal no necesita epígrafe.
Desde que asumió, Milei se sumó a la coalición militar “Escudo para las Américas”, autorizó ejercicios militares conjuntos en territorio nacional, se posicionó junto a Estados Unidos e Israel en el conflicto con Irán y ahora entrega el patrullaje del Atlántico Sur por cinco años. El alineamiento automático con Washington no le sirvió para frenar ni un milímetro el avance británico sobre las islas. Pero le sirvió para consolidar algo: la ilusión de que pertenecer al hemisferio del poderoso equivale a tener poder. Es la misma ilusión que tuvieron otros antes. El resultado suele ser el mismo.
Un país que no puede pagar la luz en sus propias bases militares pero acepta que una flota extranjera vigile su mar no está defendiendo su soberanía. Está administrando su renuncia.