El Senado reformó la Ley de Salud Mental: internaciones más ágiles y el regreso del psiquiatra al centro del debate

Con 42 votos a favor y 21 en contra, y tras más de once horas de debate, el Senado de la Nación dio media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo que modifica la Ley Nacional de Salud Mental, vigente desde 2010. El texto pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde deberá sortear un debate que promete ser tan encendido como el que acaba de cerrar en la Cámara alta.

Qué cambia

Los ejes de la reforma son tres: los criterios y procedimientos para las internaciones, la redefinición de riesgo cierto e inminente —tanto para el paciente como para terceros— y el rol de los psiquiatras dentro de los equipos interdisciplinarios. En la práctica, el nuevo texto habilita intervenciones más rápidas ante situaciones de vulnerabilidad, algo que los impulsores de la iniciativa presentaron como una respuesta urgente frente al crecimiento de las consultas e internaciones en salud mental, agravado por el impacto de la pandemia y los entornos digitales en los jóvenes.

La senadora libertaria Ivanna Arrascaeta, que presentó el proyecto, subrayó que en las comisiones participaron especialistas, médicos, familiares de pacientes y referentes sociales. Su compañera de bloque Belén Monte de Oca fue más directa: la norma vigente dejó a los profesionales sin herramientas y a los pacientes sin respuesta en sus momentos más críticos.

Las grietas del debate

La UCR acompañó con reparos. Maximiliano Abad reconoció avances respecto del texto original, pero cuestionó los artículos 23 y 24, que permiten la continuidad de los hospitales monovalentes. Para el radical, esas instituciones reproducen la lógica manicomial que la ley de 2010 buscó desterrar, y defendió el modelo de internación en hospitales generales con redes comunitarias de contención.

Desde el justicialismo, la ex gobernadora Lucía Corpacci puso el dedo en la llaga: el problema no es la letra de la ley, sino su falta de financiamiento. Corpacci cuestionó que se reforme la norma sin destinarle recursos suficientes ni acordar con los referentes provinciales, que son quienes deben implementarla en el territorio.

La discusión pendiente

El debate en el Senado dejó en claro que la salud mental es hoy una grieta política de fondo, y no solo una disputa técnica entre modelos de atención. La reforma llega en un contexto de ajuste presupuestario que pone en duda su implementación real. Si los recursos no acompañan, el cambio de texto legal podría quedar en letra muerta, algo que las provincias como La Rioja conocen bien cada vez que llega una política nacional sin el financiamiento que la sostenga.

El proyecto aguarda ahora su turno en Diputados.