Milei reivindica Malvinas con un decreto en una mano y marines yanquis en el sur con la otra
El gobierno nacional autorizó el ingreso de tropas estadounidenses al territorio argentino sin pasar por el Congreso. La contradicción es difícil de sostener: mientras Casa Rosada agita la bandera de la soberanía sobre las Islas Malvinas, ocho integrantes de la Infantería de Marina de Estados Unidos entrenan en Ushuaia junto al Batallón de Infantería de Marina N° 4 desde el 8 de septiembre.
La presencia fue confirmada por la propia Armada Argentina, pero solo después de que imágenes del equipamiento militar norteamericano circularan en redes sociales y medios especializados. El entrenamiento, que se extendería hasta el 22 de septiembre, fue habilitado mediante decreto presidencial, en línea con una práctica que el gobierno de Milei consolidó como método habitual para esquivar el debate parlamentario.
Un decreto en lugar del Congreso
La Constitución Nacional es clara. El artículo 75, inciso 28, establece que es atribución del Congreso autorizar el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional. Sin embargo, el Ejecutivo recurrió al decreto para habilitar estas actividades, tal como lo hizo con el DNU 697/2025, que autorizó el ingreso de hasta 30 integrantes del Naval Special Warfare para el ejercicio Tridente en bases navales de Ushuaia, Mar del Plata y Puerto Belgrano, y con el Decreto 264/2026, que habilitó el ejercicio Daga Atlántica con unos 50 efectivos en Puerto Belgrano, Córdoba y Moreno.
El intendente de Río Grande, Martín Pérez, fue uno de los primeros en trazar la línea. Señaló que la presencia de personal militar extranjero en Tierra del Fuego exige respuesta parlamentaria y cuestionó si el despliegue actual cuenta con la aprobación que la Constitución exige. Fue cuidadoso en separar el respaldo a la construcción de la Base Naval Integrada, que consideró estratégica para el Atlántico Sur y la Antártida, de la aceptación de fuerzas foráneas en suelo fueguino. Su mensaje fue directo: la base debe ser para las Fuerzas Armadas argentinas, no para las de otra potencia.
La base como telón de fondo
La Base Naval Integrada de Ushuaia no es un proyecto nuevo. Sus fundamentos fueron trazados hace más de una década y las obras comenzaron en 2022 durante la gestión de Alberto Fernández. Cuando Milei asumió, los trabajos se paralizaron durante casi tres años. Recién en septiembre de 2026, mediante el DNU 867, el gobierno reasignó unos 217.959 millones de pesos del Presupuesto nacional —aproximadamente 142 millones de dólares— para reactivar la construcción bajo la conducción del Estado Mayor Conjunto.
Lo que cambió no es la obra sino el socio estratégico elegido para encuadrarla. El gobierno descartó la participación de capitales chinos y profundizó el alineamiento con Washington, que considera el extremo sur argentino clave por su proximidad con la Antártida y por la disputa geopolítica con China en la región.
La contradicción que no cierra
En la misma semana en que los marines entrenaban en Ushuaia, el gobierno anunciaba sanciones contra empresas que operan en Malvinas con licencias británicas y rechazaba una guía de negocios emitida por Londres sobre inversiones en el archipiélago. La imagen no resiste análisis: el mismo Estado que exige soberanía sobre las islas acepta, sin control del Parlamento, que tropas de una potencia que respaldó al Reino Unido en 1982 operen en el extremo sur del territorio nacional.
La pregunta que queda abierta no es menor. Desde La Rioja, como desde cualquier provincia argentina, el debate sobre quién decide sobre la soberanía y los recursos estratégicos del país no es una discusión abstracta: es política real con consecuencias concretas.