CFK escala su batalla judicial: llevará su condena a la ONU y denuncia “proscripción perpetua”
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner confirmó que presentó una comunicación formal ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para denunciar lo que califica como graves violaciones a sus garantías fundamentales en el marco de la causa Vialidad, que culminó con su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La decisión fue anunciada a través de una extensa carta abierta titulada “El costo democrático de la politización de la justicia”, en la que la exmandataria sostiene que la verdadera finalidad de la sentencia no es penalizarla por los hechos juzgados, sino impedir su regreso a la competencia electoral.
La inhabilitación, en el centro del debate
Para Cristina Fernández de Kirchner, la condena tiene un orden de prioridades que invierte el sentido jurídico tradicional: “La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es solo la accesoria”, afirmó en su carta.
Este argumento constituye el eje central de su presentación ante la ONU. La exjefa de Estado entiende que privar a un dirigente político de la posibilidad de ser elegido no afecta únicamente a esa persona, sino que vulnera el derecho de la ciudadanía a decidir libremente su voto.
Desde esa perspectiva, la inhabilitación perpetua no sería una consecuencia legal ordinaria, sino un mecanismo político destinado a eliminar del escenario electoral a una figura con respaldo popular.
Juristas internacionales liderarán su defensa en el exterior
Para llevar adelante esta nueva etapa de su defensa, Cristina Fernández de Kirchner convocó a dos abogados extranjeros de reconocida trayectoria: el español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim. Ambos patrocinarán la presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Según explicó la expresidenta, el objetivo es que todos los jueces argentinos que participaron en su juzgamiento sean sometidos al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. “Allí deberán responder no ante un gobierno ni ante un partido político, sino ante los principios universales de independencia judicial, debido proceso e igualdad ante la ley”, sostuvo.
Además, publicó artículos de opinión en tres medios internacionales de referencia: El País de España, Folha de S.Paulo de Brasil y Libération de Francia, con el propósito de instalar su posición en el debate global sobre el uso político de la Justicia.
Machismo estructural y el atentado de 2022
Otro de los puntos centrales de la carta es la denuncia de lo que la expresidenta denomina “machismo estructural” dentro del Poder Judicial argentino. Cristina Fernández de Kirchner afirma que fue juzgada no solo por sus actos, sino también por su condición de mujer y por haber ejercido el liderazgo político con firmeza.
En ese contexto, señaló que es la única expresidenta condenada por la Corte Suprema en la historia argentina, siendo al mismo tiempo la única mujer electa y reelecta en ese cargo. “¿En serio alguien puede pensar que eso es una casualidad?”, preguntó en su texto.
También vinculó la persecución judicial con el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre de 2022, sosteniendo que el nivel de violencia y estigmatización al que fue sometida funcionó como un incentivo para ese ataque.
Un fenómeno que excede las fronteras argentinas
Cristina Fernández de Kirchner encuadró su situación en un contexto global. Advirtió que en todos los continentes se observa una tendencia creciente a utilizar el sistema judicial como herramienta para neutralizar dirigentes políticos con respaldo popular, un fenómeno que calificó como una de las mayores amenazas para las democracias constitucionales contemporáneas.
“Cuando los jueces sustituyen la voluntad popular y cuando los procesos judiciales dejan de buscar la verdad para convertirse en instrumentos de persecución y proscripción política, una democracia deja de ser plenamente democrática”, sostuvo.
La presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU abre una nueva dimensión internacional en el caso, cuya resolución definitiva en los tribunales argentinos aún está pendiente de definición.
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