Limpiavidrios en la capital: el Estado tiene una deuda con el espacio público y con quienes no tienen otra salida
La discusión instalada en las redes sociales sobre la presencia de limpiavidrios en los semáforos de la ciudad de La Rioja dejó de ser un intercambio de opiniones para convertirse en un problema concreto de gestión urbana. Y cuando un problema de convivencia escala hasta ese punto, la responsabilidad ya no recae solo en los vecinos que reclaman ni en quienes trabajan en las esquinas: recae en el Estado.
Lo que está en juego
Vecinos y automovilistas vienen denunciando situaciones de incomodidad, insistencia y comportamientos intimidatorios en distintas intersecciones de la capital. También circularon testimonios sobre presencia de sustancias en algunos puntos donde se concentra esta actividad. Hay que ser precisos: esos señalamientos son de vecinos, no de procedimientos policiales. Ninguna responsabilidad puede atribuirse de manera colectiva sin actuaciones judiciales que lo respalden.
Pero la denuncia existe y no puede ignorarse.
Una Policía que habla con dos voces
El episodio expuso además una contradicción institucional que merece atención. El comisario Ariel Rojas indicó que existía una directiva para despejar las esquinas de limpiavidrios y cuidacoches. Poco después, el comisario Alejandro Quintero, de Relaciones Institucionales, aclaró que no hay ninguna prohibición general y que la actividad puede desarrollarse mientras no se cometan delitos o contravenciones.
Dos funcionarios de la misma fuerza con versiones distintas sobre una misma situación. Eso no es un detalle menor: es una señal de que no hay una política clara, y la ausencia de política clara es, en sí misma, un problema de gestión.
La historia que obliga a mirar de otro lado
En medio del debate, Lucas, un hombre de 50 años, contó públicamente que trabaja como limpiavidrios desde hace cinco años porque un accidente de tránsito le dejó una discapacidad severa en una mano que le impidió continuar con su oficio de técnico en refrigeración. No quiere asistencia. Quiere trabajar.
Su caso no es el único. Y obliga a separar lo que no puede mezclarse: la conducta de quienes generan conflictos no puede usarse para criminalizar a quienes buscan ganarse el día con honestidad.
Lo que el Estado debe hacer
La Municipalidad capitalina y el Gobierno provincial tienen una deuda con este tema. No alcanza con operativos esporádicos que despejean una esquina durante unas horas para que todo vuelva a ser igual al día siguiente.
Lo que se necesita es una respuesta estructurada: registro e identificación de quienes realizan la actividad, regulación del espacio público con criterios claros, intervención policial efectiva ante delitos o intimidación comprobada, detección de situaciones de vulnerabilidad extrema y, sobre todo, alternativas laborales concretas para quienes no tienen otra salida.
El derecho del ciudadano a circular sin ser intimidado y el derecho de una persona a trabajar para subsistir no son incompatibles. Son dos obligaciones del Estado. Y hasta ahora, en las esquinas de la capital riojana, el Estado brilla por su ausencia.
