El Senado le dio luz verde a una ley que los riojanos con discapacidad esperaban con urgencia
El Congreso cerró un capítulo de incertidumbre: la nueva norma reemplaza el régimen de emergencia y convierte en permanente un sistema que venía renovándose a los tropiezos.
El Senado de la Nación sancionó este jueves, con 71 votos a favor y ninguno en contra, la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. La aprobación fue unánime y pone fin a un esquema de emergencia que vencía a fin de año, reemplazándolo por un régimen estable, de orden público y con efectos que van más allá de cualquier gobierno.
Para las familias riojanas que dependen de estas prestaciones, la noticia tiene peso concreto: ya no habrá que esperar cada año si el Congreso renueva o no la emergencia.
Un acuerdo que cruzó bloques
La iniciativa no fue impulsada por el oficialismo, sino por la oposición, y fue tomada por La Libertad Avanza en Diputados, donde cosechó 237 votos a favor, apenas 9 en contra y 4 abstenciones. En el Senado, el resultado fue todavía más contundente.
La jefa de bloque oficialista, Patricia Bullrich, marcó el tono del debate: “Hoy no estamos votando simplemente una ley, estamos votando un acuerdo social y un acuerdo político”. El senador Alejandro Monteverde, miembro informante del oficialismo, fue enfático en que el texto “no establece ningún tipo de recorte” y que quedará plasmado en el Presupuesto 2027.
Desde la oposición, la peronista Alicia Kirchner reconoció el avance pero advirtió que “ninguna sanción legislativa reconstruye los derechos que fueron vulnerados” y que se trata de “un punto de partida, no una respuesta definitiva”. La cordobesa Alejandra Vigo, cuyo bloque había votado en contra en Diputados, finalmente acompañó la iniciativa en el Senado, aunque exigió que el Gobierno actualice las compensaciones adeudadas a los prestadores, que según ella acumulan un retraso de casi el 30%.
Qué cambia con esta ley
La norma mantiene la compatibilidad entre cobrar una pensión no contributiva por discapacidad —equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo— y tener un empleo formal o estar inscripto en el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles. El beneficio aplica a titulares del Certificado Único de Discapacidad.
Ratifica además la actualización automática de aranceles según el índice de movilidad jubilatoria, garantiza la cobertura del programa Incluir Salud y establece que la asignación presupuestaria del área no podrá caer en términos reales respecto al ejercicio anterior.
En materia de control, crea un sistema de auditorías con cruce de datos entre ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER. Y por presión de los bloques aliados, incorpora una cláusula transitoria que fija un cronograma de pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores y un plazo máximo de 30 días para que el Ejecutivo reglamente la norma.
El Poder Ejecutivo tiene ahora la pelota: deberá reglamentar en tiempo y forma una ley que el Congreso aprobó con una amplitud política que no se ve con frecuencia.
