La Rioja va a juicio contra San Juan: Quintela promulgó la ley que reactiva el reclamo por 2.651 km² en disputa desde la dictadura
El gobernador riojano firmó la Ley N° 10.876, que declara nula una norma dictatorial de 1968 y habilita acciones legales ante la Corte Suprema para recuperar un territorio con reservas mineras y valor turístico de escala internacional.
Una disputa territorial que lleva décadas volvió a escalar en términos institucionales. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, promulgó este viernes la Ley N° 10.876, sancionada por la Cámara de Diputados provincial, mediante la cual la provincia formaliza su reclamo sobre un territorio de 2.651 kilómetros cuadrados que actualmente administra San Juan. La superficie equivale, según el propio Gobierno riojano, a 14 veces la Ciudad de Buenos Aires.
La zona en litigio corresponde al departamento sanjuanino de Iglesia y abarca desde el cerro El Potro hasta el Valle de la Luna, una región de alto valor estratégico por su riqueza minera y por haber sido declarada Patrimonio de la Humanidad, lo que la convierte además en un polo de turismo internacional.
Una frontera trazada por un gobierno de facto
El origen del conflicto se remonta a 1968, cuando el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía definió los límites entre ambas provincias a través de la Ley Nacional N° 18.004, sin intervención del Congreso de la Nación. Esa delimitación favoreció a San Juan y fue ratificada décadas después, en 2014, por el Parlamento nacional. Sin embargo, La Rioja nunca la reconoció como legítima.
La nueva normativa provincial declara la nulidad de aquella ley nacional al sostener que fue impuesta “de manera unilateral” durante un período de interrupción del orden constitucional. En base a ese argumento, la Fiscalía de Estado quedó instruida para iniciar acciones legales directas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco de la competencia originaria del máximo tribunal para conflictos entre provincias.
“Ratificamos nuestro rechazo a los límites impuestos por la dictadura militar. La soberanía territorial de La Rioja exige una defensa irrestricta”, sostuvo Quintela al anunciar la promulgación a través de su cuenta oficial en X.
Herramientas legales, políticas y una comisión especial
La Ley N° 10.876 no solo habilita la vía judicial. También faculta al Poder Ejecutivo provincial para avanzar en gestiones administrativas, políticas y legislativas ante el Congreso de la Nación, con el objetivo de instalar el reclamo en el plano federal.
Además, autoriza a la Legislatura a conformar una Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial, integrada por siete diputados y asesorada por especialistas en historia, geografía, cartografía y minería. El organismo tendrá a cargo la recopilación de antecedentes técnicos y jurídicos, el seguimiento de las acciones del Ejecutivo y la coordinación con los legisladores nacionales riojanos.
El proyecto fue aprobado con amplio respaldo legislativo. La única fuerza que se opuso fue La Libertad Avanza (LLA).
Tensión interprovincial y una puerta abierta al diálogo
Del otro lado de la cordillera de los Andes, la reacción no se hizo esperar. El gobernador sanjuanino Marcelo Orrego rechazó de plano la iniciativa riojana, lo que anticipa una disputa que promete tensionar las relaciones entre ambas provincias en los próximos meses.
No obstante, la gobernación de La Rioja dejó abierta una vía alternativa al conflicto judicial. En el mismo comunicado, planteó la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo de coadministración interprovincial del territorio, apelando al diálogo para “recuperar la institucionalidad y la seguridad jurídica” que, a su entender, fueron vulneradas por el régimen de Onganía.
La movida de Quintela consolida una postura que el mandatario riojano viene sosteniendo públicamente desde hace meses y que ahora encuentra respaldo en una herramienta legal concreta. El próximo paso estará en manos de la Corte Suprema.