El Gobierno nacional vuelve a desafiar a la Justicia: segunda intimación por el financiamiento universitario
La administración de Milei tiene cinco días para cumplir con una cautelar que lleva semanas firme. Si no lo hace, enfrentará multas. La inflación acumulada desde diciembre de 2023 supera el 312% y los salarios universitarios no siguieron ese ritmo.
El juez federal Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, volvió a intimar al Estado nacional para que acate la medida cautelar que lo obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. No es la primera vez: el 22 de septiembre ya había dado esa orden y el Gobierno la apeló. Ahora, el magistrado amplió los fundamentos, ratificó que la cautelar está firme y otorgó un nuevo plazo de cinco días, esta vez bajo apercibimiento de astreintes, es decir, multas concretas por incumplimiento judicial.
La resolución llega en un momento de máxima tensión en el sistema educativo: los gremios docentes de todo el país sostienen un paro de tres días, precisamente en reclamo por los mismos puntos que la Justicia le exige al Ejecutivo que respete.
Qué ordena la cautelar
La medida judicial apunta a dos aspectos específicos de la Ley 27.795: la actualización salarial de docentes y no docentes de universidades públicas, y la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
El juez reconoció que el Estado acreditó algunos avances formales, como la convocatoria a paritarias y la emisión de órdenes de pago. Pero fue contundente: eso no es suficiente. Según señaló en su resolución, no queda demostrado que los aumentos salariales hayan sido calculados conforme a las variables de ajuste que exige la propia ley.
El dato que desnuda el incumplimiento
El eje del fallo es un número que habla por sí solo. Tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor del INDEC, el juez Cormick calculó que la inflación acumulada entre el 1° de diciembre de 2023 y junio de 2026 fue del 312,19%. Frente a esa cifra, concluyó que de la documentación presentada por el Gobierno no surge que los salarios universitarios hayan alcanzado ese incremento.
En otras palabras: mientras los precios se multiplicaron por más de cuatro, los sueldos del sector no habrían seguido ese ritmo, en clara contradicción con lo que manda la ley.
Un patrón que se repite
Lo que este episodio deja en evidencia no es solo un conflicto puntual. Es un patrón: el Ejecutivo nacional resistiendo órdenes judiciales en materia de derechos educativos, apelando instancias para ganar tiempo, mientras miles de docentes de todo el país ven erosionado su poder adquisitivo. La universidad pública riojana, con la UNLaR como referente central de la educación superior de la provincia, no es ajena a este escenario. Lo que se define en los tribunales federales de Buenos Aires tiene consecuencias directas sobre estudiantes, docentes y familias de La Rioja.
El Gobierno tiene ahora un plazo acotado. Si vuelve a desatender la intimación, deberá asumir las multas. Y el costo político de seguir ignorando a la Justicia en este tema no hace más que crecer.