Denuncian por contrabando a pesqueras que operan con licencias británicas en Malvinas: la soberanía en el centro del debate judicial
La Justicia Federal en lo Penal Económico recibió una denuncia penal que pone en el banquillo a directivos y representantes legales de siete empresas pesqueras internacionales que extraen recursos del Mar Argentino amparadas en autorizaciones emitidas por las autoridades británicas que ocupan las Islas Malvinas. La presentación, radicada en el Juzgado en lo Penal Económico N° 7 a cargo del juez Juan Pedro Galván Greenway, abre un frente judicial que excede lo económico: toca el núcleo de la soberanía argentina sobre su plataforma continental.
Quiénes denunciaron y por qué
Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, de la organización Reset Republicano, sostienen que las compañías operan de forma clandestina, eludiendo el control aduanero argentino y evitando el pago de derechos de exportación. La acusación se encuadra en los artículos 863, 864 inciso a y 865 del Código Aduanero, que contemplan desde el entorpecimiento del control hasta la exportación clandestina con agravantes.
Las firmas apuntadas son de origen español, mayoritariamente gallegas, y actúan a través de sociedades mixtas constituidas en Malvinas: Lanzal, el Grupo Pereira, Pescapuerta, Copemar, Ferralmes, Hermanos Touza y Moradiña. Cada una opera buques identificados que, según los denunciantes, extraen recursos de la Zona Económica Exclusiva Argentina sin ningún tipo de habilitación nacional.
Dos conductas bajo la lupa
El escrito judicial describe dos mecanismos para evadir el control del Estado. Primero, la extracción y exportación de recursos pesqueros sin someterse a la Aduana argentina, con trasbordos en alta mar o descargas en puertos de terceros países. Segundo, el uso de permisos de la potencia ocupante para operar de manera encubierta, lo que impediría cualquier fiscalización sobre la mercadería y el cobro de aranceles.
A eso se suma un pedido de investigación sobre funcionarios públicos que, por acción u omisión, habrían permitido que estas actividades se sostengan en el tiempo sin consecuencia alguna.
Las medidas que exigen
Los denunciantes solicitaron al juzgado que requiera información a la Prefectura Naval, el INIDEP, la Dirección General de Aduanas y la Inspección General de Justicia. Piden rastrear avistamientos de flota, verificar si las empresas registraron exportaciones legales y relevar sus activos en territorio continental. De avanzar la causa, piden citación a indagatoria de directivos y medidas cautelares sobre buques y bienes.
La causa no es aislada. En paralelo tramitan ante el Juzgado Federal N° 12 de Comodoro Py denuncias de la propia Cancillería contra actores vinculados con actividades de hidrocarburos en el archipiélago. La discusión sobre quién controla los recursos del Atlántico Sur está lejos de cerrarse.