Quintela declaró la emergencia crediticia y lanzó un DNU para frenar la usura en La Rioja
El gobernador Ricardo Quintela firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que establece un régimen provincial de protección para las familias riojanas frente al sobreendeudamiento y las prácticas abusivas en el acceso al crédito de consumo. La medida también declara por 180 días la emergencia económica, crediticia y social vinculada a este tipo de operaciones.
Una respuesta de gestión ante una crisis silenciosa
El contexto que motivó la medida es concreto: cada vez más hogares en La Rioja recurren al endeudamiento para cubrir necesidades básicas como alimentos, medicamentos y servicios. Frente a ese escenario, el Ejecutivo provincial optó por una herramienta de intervención directa en lugar de aguardar un tratamiento legislativo ordinario.
El DNU no apunta a desconocer deudas ni a afectar la actividad financiera en general. Su objetivo declarado es otro: intervenir cuando las condiciones de un crédito son desproporcionadas, cuando falta transparencia en la información o cuando se detectan situaciones que comprometen seriamente los ingresos de los trabajadores.
Qué establece el decreto
El instrumento crea un régimen provincial específico que incluye cuatro ejes principales:
– Mayor exigencia de información para quienes otorgan créditos.
– Registro y fiscalización de operadores crediticios.
– Mecanismos de conciliación para casos de endeudamiento insostenible.
– Medidas transitorias orientadas a facilitar la revisión y refinanciación de obligaciones durante la vigencia de la emergencia.
La emergencia declarada tendrá una duración de 180 días, plazo durante el cual el Estado provincial buscará ordenar el mercado informal del crédito y acompañar a las familias que atraviesan situaciones críticas.
El argumento político detrás del DNU
Desde el Gobierno de La Rioja se definió la medida con una premisa clara: la necesidad económica de una familia no puede transformarse en una oportunidad de abuso. En ese marco, Quintela colocó al Estado en un rol activo de contención frente a lo que describe como las consecuencias sociales de la crisis económica nacional.
“Cuando una familia se endeuda para sostener necesidades básicas, no puede quedar sola frente a condiciones abusivas. El Estado tiene que estar presente para proteger el salario, cuidar los ingresos familiares y garantizar que ninguna situación de necesidad sea utilizada para someter o perjudicar a las personas”, señalaron desde el Ejecutivo provincial.
La decisión se inscribe en una línea política que el gobierno de Quintela ha sostenido en los últimos meses: diferenciar su gestión del rumbo económico nacional impulsado por la administración de Javier Milei, apostando por la presencia del Estado como garantía de derechos frente al ajuste.
Un instrumento con alcance y límites
El uso de un DNU para avanzar en esta materia no está exento de debate. La herramienta permite actuar con rapidez, pero también supone que el Ejecutivo provincial asume la responsabilidad política y técnica de una medida sin pasar por el filtro previo de la Legislatura. Su efectividad dependerá, en buena medida, de la capacidad real del Estado riojano para fiscalizar y hacer cumplir las nuevas exigencias en un mercado crediticio que opera en gran parte de manera informal.
Lo que queda por verse es si el decreto logrará traducirse en protección concreta para las familias o si quedará como una declaración de principios sin impacto en la vida cotidiana de quienes más lo necesitan.
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