Baires Fly, entre la causa Andis y los vuelos que sacuden la política argentina
La empresa de aviación privada que trasladó a Flavio Bolsonaro desde Misiones hacia Ecuador acumula una presencia incómoda en varios expedientes judiciales y en los movimientos de figuras del poder argentino.
La Dirección Nacional de Migraciones fue la que puso el nombre sobre la mesa: Baires Fly S.A. despachó el vuelo que sacó al excandidato presidencial brasileño de suelo argentino a las 23:30 del martes, con destino declarado a Guayaquil, Ecuador. El dato fue confirmado por el organismo a través de sus redes sociales en la madrugada del miércoles, en un comunicado que también detallaba el trayecto completo de Bolsonaro y su familia.
Pero el episodio no es el único que involucra a la compañía en el último mes.
La misma empresa trasladó al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, a Paraguay y luego a Suiza, en medio de un procesamiento judicial por apropiación de tributos. Tapia tuvo que informar ese viaje ante el juez Diego Amarante.
La trama judicial que más pesa
El flanco más delicado para Baires Fly no es quiénes son sus pasajeros, sino lo que figura en el expediente por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Allí, el juez Ariel Lijo procesó al broker aeronáutico Sergio Mastropietro por su presunta participación en un esquema de facturas falsas.
Según la resolución judicial del 16 de octubre, Mastropietro habría intervenido en la emisión de comprobantes a nombre de Baires Fly para respaldar transferencias de dinero vinculadas a proveedores de Andis que habrían cobrado sobreprecios al Estado. El monto contabilizado en esas operaciones supera los mil millones de pesos.
La empresa negó cualquier vínculo con el broker procesado y aclaró que Mastropietro no tiene relación con la firma. La defensa del acusado, por su parte, argumentó que el dinero circuló entre cuentas bancarias formales.
El mecanismo descripto en el expediente es concreto: mensajes entre Mastropietro y Miguel Ángel Calvete, uno de los operadores investigados, en los que se intercambian datos bancarios y comprobantes de transferencias, seguidos de facturas con el concepto “compra de kilómetros nacionales para ser utilizados en aeronaves de la empresa”. Proveedores como Probock y Prolite acumularon 311 millones de pesos en ese tipo de documentación.
Uno de los proveedores declaró ante la Justicia que Calvete le acercaba las facturas como parte de los acuerdos por los que le cobraba el 10% de las adjudicaciones del organismo.
Lo que queda en pie
Baires Fly no está imputada en la causa. Pero su nombre aparece repetidamente en resoluciones judiciales y en operaciones que involucran a figuras procesadas. La empresa se define por la discreción total hacia sus clientes. Lo que la Justicia empieza a revelar, en cambio, es que esa misma discreción puede ser funcional a mecanismos que van mucho más allá de un vuelo privado.
El caso Andis sigue sumando aristas. Y cada una de ellas pone en evidencia la red de vínculos entre el poder político, el empresariado y quienes operan en los márgenes del Estado.