Adorni y su esposa usaron la Ley de Inocencia Fiscal para evitar explicar su incremento patrimonial
El jefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa Betina Angeletti solicitaron adherirse a la Ley de Inocencia Fiscal antes de que el funcionario presentara su declaración jurada, un movimiento que les permitiría pagar impuestos únicamente sobre sus ingresos declarados, sin tener que justificar cómo creció su patrimonio desde que asumió el gobierno de Javier Milei.
La adhesión quedó registrada en la base de datos de ARCA —antes AFIP— el 9 de junio de 2025, cuando ambos solicitaron quedar bajo el amparo de la ley 27.799. La norma fue impulsada originalmente por el diputado José Luis Espert y promovida con entusiasmo por el propio Milei, quien la describió como una herramienta para “blindar los ahorros de los argentinos para siempre”.
Un patrimonio que no cierra
El problema central es que el matrimonio Adorni arrastra preguntas sin respuesta sobre gastos y adquisiciones que no condicen con sus ingresos conocidos. Entre los puntos más llamativos se destacan:
– La compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, financiada con apenas 30.000 dólares propios y una hipoteca de 200.000 dólares avalada por dos jubiladas.
– La reforma de una vivienda en el country Indio Cuá por un valor estimado de 245.000 dólares.
– Viajes a destinos como Punta del Este, Aruba y el Llao Llao que sumaron más de 30.000 dólares.
– Gastos en tarjetas de crédito que superaron los 80 millones de pesos en 2025, cifra que excede ampliamente el salario del funcionario.
Ninguno de esos movimientos fue explicado públicamente hasta el momento.
La ley que Adorni celebró y ahora utiliza
El mecanismo al que recurrieron Adorni y Angeletti establece un régimen simplificado del impuesto a las ganancias. Según lo definió el propio presidente Milei al promulgar la norma, quienes adhieran pagarán ganancias “solo por lo facturado”, con independencia de “cuánto haya aumentado el patrimonio y/o el consumo personal durante ese período”.
En términos prácticos, esto significa que el Estado no podrá exigirles una explicación sobre la brecha entre sus ingresos y su nivel de vida o sus bienes adquiridos durante 2025.
La ley no excluyó a las Personas Expuestas Políticamente (PEP), categoría en la que se encuadran los funcionarios públicos de alto rango como el propio jefe de Gabinete.
Una jugada previa a la declaración jurada
La adhesión al régimen se produjo antes de que Adorni presentara su declaración jurada anual, un documento que —dadas las inconsistencias patrimoniales conocidas— generaba una expectativa considerable en la oposición y en organismos de control.
Al quedar amparado por la Ley de Inocencia Fiscal, esa declaración jurada pierde parte de su valor como instrumento de transparencia: el funcionario podrá presentar un documento limitado a sus ingresos, sin que eso implique dar cuenta del resto de su situación económica.
Contradicción entre el discurso y la acción
Hay un dato que agrega tensión política al episodio: cuando la ley fue aprobada, Adorni fue uno de sus defensores más activos. “La Ley de Inocencia Fiscal probablemente sea una de las leyes que quede en la historia grande de nuestro país”, escribió en su cuenta de Twitter en aquel momento. Días después de que fuera reglamentada, también publicó que “lo tuyo es tuyo” y que los ciudadanos podrían “usar su dinero sin darle explicaciones a nadie”.
Lo que entonces presentó como un derecho ciudadano, hoy lo ejerce para evitar responder preguntas concretas sobre su propio enriquecimiento durante el ejercicio del cargo.
La situación abre un debate de fondo sobre los límites de la norma: si bien la ley fue presentada como una medida de liberalización económica orientada a los ciudadanos de a pie, su aplicación a funcionarios en ejercicio —con patrimonio cuestionado y bajo escrutinio público— pone en tensión los principios básicos de transparencia y rendición de cuentas que deben regir la gestión estatal.