La provincia de La Rioja volvió a escalar su estrategia en materia minera y sumó un nuevo foco de conflicto con intereses empresariales vinculados al grupo Lundin. Tras el reciente acercamiento institucional con el proyecto Vicuña, ahora el Gobierno provincial apunta contra el emprendimiento Lunahuasi, en medio de una disputa que combina límites territoriales, control ambiental y posicionamiento político frente al avance extractivo en la región.
El planteo fue encabezado por el ministro de Producción, Ernesto “Harry” Pérez, quien advirtió públicamente sobre la posible intervención de empresas en zonas que La Rioja considera propias. Según sostuvo, existen indicios de que el proyecto Lunahuasi podría estar parcialmente ubicado en territorio riojano, lo que implicaría que tanto los recursos como los impactos ambientales deberían ser regulados por la provincia.
**Disputa territorial y control ambiental**
El eje del conflicto radica en la delimitación interprovincial entre La Rioja y San Juan, una zona de alta montaña donde se concentran proyectos estratégicos vinculados al oro y al cobre. En este contexto, Pérez afirmó que se solicitarán estudios de impacto ambiental específicos, al considerar que la actividad podría desarrollarse incluso en áreas cercanas al glaciar El Potro, lo que añade un componente sensible en términos ambientales.
Además, el funcionario indicó que el área ambiental de la provincia, encabezada por Santiago Azulay, ya trabaja en un informe técnico sobre posibles irregularidades detectadas en la zona. Este documento será elevado al gobernador Ricardo Quintela y podría derivar en nuevas acciones administrativas o judiciales.
**De la negociación al conflicto abierto**
El nuevo frente se produce pocos días después de un episodio que tensó al máximo la relación entre La Rioja y San Juan: el uso de caminos riojanos para acceder al proyecto Vicuña. Aquella situación derivó en una presentación judicial y en la intervención de fuerzas provinciales para garantizar el cumplimiento de restricciones.
Sin embargo, tras ese pico de conflicto, el gobernador Ricardo Quintela había mostrado señales de distensión al reunirse con directivos de la empresa minera, en busca de acuerdos sobre infraestructura y participación provincial. La actual avanzada contra proyectos vinculados al mismo grupo empresario revela una estrategia dual: negociación por un lado, pero firmeza en la defensa territorial por otro.
**Una discusión de fondo que crece**
Más allá de los casos puntuales, lo que emerge es una disputa estructural sobre el rol de La Rioja en el mapa minero nacional. Mientras San Juan consolida inversiones y acelera proyectos, la administración riojana busca reposicionarse, exigiendo mayor control sobre los recursos, participación en los beneficios y garantías ambientales.
El conflicto también pone sobre la mesa la necesidad de definiciones claras sobre límites interprovinciales, regulaciones ambientales en zonas de glaciares y el alcance de las competencias provinciales frente a grandes corporaciones internacionales.
En este escenario, La Rioja parece decidida a no quedar al margen del desarrollo minero en la cordillera, aun si eso implica profundizar tensiones políticas y judiciales con provincias vecinas y actores empresariales de peso.
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