La Rioja presiona por mayor participación local en el proyecto Vicuña y busca formalizar cupos de empleo
El avance del proyecto minero Vicuña, vinculado al desarrollo de Josemaría en San Juan, abrió un nuevo frente de discusión política en La Rioja: la distribución de oportunidades laborales y económicas para la provincia. En ese marco, el Gobierno riojano, junto a cámaras empresariales, impulsa un acuerdo para garantizar mayor presencia de trabajadores y proveedores locales, frente a un escenario actual de baja participación.
El planteo se consolidó tras la visita del CEO de Vicuña, José Morea, quien mantuvo reuniones con representantes del sector privado y autoridades provinciales. El dato que encendió el reclamo es contundente: de los 1.200 trabajadores que actualmente integran el proyecto, apenas alrededor de 100 son riojanos. En paralelo, solo una empresa local presta servicios a la compañía, lo que evidencia una inserción marginal en la cadena de valor.
Presión política por cupos y desarrollo local
Desde la Cámara Empresarial Riojana, su titular Rodrigo Carrizo sintetizó la demanda: mayor empleo local y más contratación de proveedores de la provincia. Sin embargo, el reclamo excede lo sectorial y se inscribe en una estrategia política del Ejecutivo provincial que encabeza Ricardo Quintela, orientada a asegurar beneficios concretos para La Rioja en proyectos que, aunque se desarrollan fuera de su territorio, impactan directamente en su economía y logística.
El Gobierno provincial busca ahora traducir estos planteos en un convenio formal que se firmaría en los próximos días en Buenos Aires. El eje central del acuerdo será la fijación de porcentajes mínimos de contratación de mano de obra riojana y la inclusión de empresas locales en los servicios vinculados al proyecto.
Capacitación, infraestructura y control ambiental
Uno de los argumentos clave del sector empresarial es que La Rioja cuenta con capacidad técnica y profesional para integrarse al proyecto. Aun así, la empresa se comprometió a implementar programas de capacitación para cubrir perfiles específicos que hoy no están disponibles en la provincia.
En paralelo, el acuerdo incluiría compromisos en infraestructura, como la licitación de la obra de circunvalación en Guandacol, con participación de trabajadores locales. También se ratificó la exigencia de realizar estudios de impacto ambiental en territorio riojano, una condición que el Gobierno considera innegociable.
El oeste riojano, en el centro de la estrategia
La política de empleo que impulsa la provincia pone foco en departamentos del oeste como Villa Unión, Vinchina, Chilecito y Famatina, zonas históricamente vinculadas a la minería. Allí se concentra buena parte de la mano de obra con experiencia en el sector, lo que refuerza el argumento oficial sobre la necesidad de priorizar trabajadores locales.
Más allá del acuerdo inmediato, el trasfondo es la intención de La Rioja de no quedar relegada a un rol logístico —como el uso de rutas y caminos— sino avanzar hacia una participación más estructural en la actividad minera regional. En ese sentido, también se abre la discusión sobre futuros proyectos dentro del propio territorio provincial.
El desenlace de las negociaciones con Vicuña será clave para definir si la provincia logra transformar su cercanía geográfica en ventajas económicas concretas o si continúa con una participación limitada en uno de los desarrollos mineros más relevantes de la región.