La Justicia tumbó el decreto con que Milei bloqueó el financiamiento universitario: el fallo es contundente
El juez federal Martín Cormick declaró la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, la herramienta jurídica que el Poder Ejecutivo Nacional utilizó para promulgar la Ley de Financiamiento Universitario y, al mismo tiempo, impedir su aplicación práctica. La decisión, plasmada en un fallo de 50 páginas, ordena al Gobierno de Javier Milei cumplir de manera inmediata con la norma que el Congreso aprobó, vetó y luego reimpuso con mayoría agravada.
Un decreto sin sustento
El magistrado del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 resolvió sobre el fondo de la cuestión luego de que el propio Ejecutivo ignorara reiteradas intimaciones judiciales. Su argumento central es claro: la Ley N°27.795 contiene en su propio articulado, específicamente en el artículo 9°, las pautas de financiamiento que el Gobierno alegaba ausentes. Sostener lo contrario, razonó Cormick, implicaría asumir que el Congreso desconoce su propia normativa, lo cual resulta jurídicamente insostenible.
El decreto cuestionado había intentado ampararse en el artículo 5° de la Ley N°24.629, que exige identificar fuentes de financiamiento para todo gasto no previsto en el presupuesto. Pero el juez fue terminante: aplicar una norma anterior para suspender una ley más reciente, aprobada encima con dos tercios de ambas cámaras, no supera un test mínimo de razonabilidad constitucional.
Una larga resistencia del Ejecutivo
La cronología del caso expone una conducta sistemática de incumplimiento. El Congreso aprobó la ley en agosto de 2025. El Ejecutivo la vetó en octubre del mismo año mediante el Decreto 647/25. Diputados y senadores insistieron con mayoría agravada, y la norma se convirtió en ley. Entonces el Gobierno ensayó otra maniobra: promulgarla a través del Decreto 759/25 pero suspendiendo su vigencia.
El Consejo Interuniversitario Nacional, la UBA y otras universidades nacionales respondieron con un amparo colectivo. En diciembre de 2025, el juez Cormick dictó una medida cautelar ordenando cumplir los artículos referidos a salarios docentes y becas. Esa cautelar fue ratificada por la Cámara y luego por la Corte Suprema en junio de 2026. Aun así, el Gobierno no acató. El juez debió intimar dos veces más en septiembre de este año antes de dictar el fallo definitivo.
El Gobierno anunció que apelará la resolución. Pero el camino recorrido indica que la Justicia, en todas sus instancias, ha respaldado la vigencia de la ley. La educación universitaria pública tiene, hoy, un respaldo judicial que el Ejecutivo no logró erosionar.