Irregularidades en la ex ANDIS: sobreprecios de hasta 1972%, una prótesis que nunca llegó y facturas cobradas dos veces
La causa que investiga el sistema de compras de la ex Agencia Nacional de Discapacidad suma evidencia que sacude al Estado nacional. Informes técnicos remitidos a la Justicia documentaron sobreprecios escandalosos, errores administrativos que huelen a maniobra y un caso que resume todo: un paciente de Río Negro al que le amputaron una pierna, que necesitaba una prótesis, y que nunca la recibió, aunque la documentación oficial decía lo contrario.
Una firma obtenida bajo engaño
Según el informe, existía un remito con la firma de la madre del beneficiario que certificaba la recepción del dispositivo. Sin embargo, al contactar directamente a la familia, se estableció que esa firma habría sido conseguida induciéndola a error durante la toma de medidas. La prótesis nunca apareció. El paciente, tampoco en el sistema como beneficiario real.
Los números que no mienten
El interventor de la ex ANDIS, Alejandro Vilches, junto al Ministerio de Salud, aportaron documentación que deja poco margen para la duda:
Válvulas bicavales transcatéter adquiridas a Farma Salud por 425 millones de pesos, cuando el PAMI había comprado un sistema equivalente meses antes por 124,2 millones. La diferencia: 1972%.
Una válvula pulmonar con una brecha del 711% frente a valores de referencia.
Implantes cocleares abonados a Droguería Floresta a un promedio de 62.613 dólares por unidad, muy por encima de los valores de mercado.
Una factura de Indecomm pagada dos veces: 28,7 millones de pesos cada vez.
Un neuroestimulador con una diferencia del 219% respecto de los precios habituales.
Insumos importados con sobreprecios de entre 300% y 1000% frente a alternativas nacionales disponibles.
La Justicia investiga
Todo el material fue incorporado formalmente a la investigación judicial en curso. La causa pone bajo la lupa no solo los montos pagados sino también los mecanismos que permitieron que estas operaciones se concretaran: categorías mal asignadas, comparaciones de precios ignoradas y controles que, si existieron, no funcionaron.
El caso no es menor. La ANDIS administraba recursos destinados a personas con discapacidad, uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Que esos fondos hayan podido ser el escenario de maniobras de este calibre es una pregunta que la Justicia deberá responder con nombres y responsabilidades concretas.