Causa Vialidad: la Justicia ratifica la domiciliaria de Cristina y avanza el decomiso de sus bienes

El Tribunal Oral Federal N° 2 renovó la prisión domiciliaria de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Seguirá cumpliendo su condena de seis años por corrupción en el departamento de San José 1111, en Buenos Aires. La decisión judicial se sustenta en los informes de seguimiento que confirman que la ex mandataria acató las condiciones impuestas.

La condena se mantiene, los controles también

El juez federal Rodrigo Giménez Uriburu fundó la prórroga en los relevamientos realizados por dos organismos especializados: la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica y la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal. Ambas reparticiones coincidieron en que Kirchner cumplió con el deber de permanencia y con las pautas de visitas fijadas por el tribunal.

Durante el período evaluado, la ex presidenta registró una única salida autorizada, motivada por una consulta médica que transcurrió sin irregularidades. El monitoreo electrónico no arrojó alertas. Las entrevistas domiciliarias realizadas de forma sorpresiva describieron una conducta “cordial y respetuosa” hacia los profesionales intervinientes.

El magistrado fue explícito en su resolución: Kirchner “ha mantenido una conducta de sujeción al control judicial y de observancia de las condiciones establecidas para la ejecución de la pena bajo la modalidad domiciliaria”.

El trasfondo: embargo, decomiso y bienes en la mira

La continuidad de la domiciliaria se produce en un contexto judicial que se endurece en otros frentes. El mismo TOF N° 2 ya confirmó el embargo preventivo sobre varios bienes de Kirchner y los demás condenados en la causa, incluido el propio departamento de San José 1111. El objetivo es alcanzar un decomiso equivalente a los $685.000 millones que la Justicia estableció como perjuicio al Estado nacional por los delitos de corrupción juzgados en la causa.

La Cámara Federal de Casación, por su parte, rechazó los recursos presentados por Cristina y sus hijos Máximo y Florencia para frenar el posible decomiso de inmuebles vinculados a las sociedades Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.

A eso se agrega una investigación paralela sobre la adquisición del departamento ubicado debajo del de la ex presidenta, comprado por María Soledad Calle, dirigente de La Cámpora con vínculos en la Unión Obrera Metalúrgica. Calle declaró ante la Justicia que lo adquirió para el funcionamiento de una fundación, sin precisar detalles.

También tomó estado público que el senador nacional peronista Mariano Recalde es propietario de una unidad en el mismo edificio, en el primer piso.

La causa Vialidad no cierra con la domiciliaria. Las definiciones judiciales que siguen en torno al decomiso de bienes marcarán el próximo capítulo de un expediente que aún tiene mucho por resolver.