Starlink en escuelas rurales: el negocio que desplaza a ARSAT y encarece la conectividad educativa
El gobierno nacional adjudicó a Starlink, la empresa satelital de Elon Musk, un contrato para conectar a 6.000 escuelas rurales de todo el país. El acuerdo, estructurado como una “donación con cargo”, tiene una trampa: desde el tercer año, las provincias y municipios deberán pagar u$s 160 mensuales por establecimiento, casi el triple de lo que cobra la empresa pública ARSAT por un servicio similar.
Un contrato que genera más preguntas que respuestas
El acuerdo fue anunciado por el vocero presidencial Adrián Ravier y oficializado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). La inversión total ronda los u$s 22 millones, combinando aportes privados y públicos.
Starlink aportará 6.000 kits de conectividad satelital, incluidos equipos, accesorios, logística y dos años de servicio prioritario, valuados en cerca de u$s 10 millones. El Fondo del Servicio Universal, manejado por el Enacom, cubrirá los u$s 12 millones restantes para instalación, soporte técnico, monitoreo de red y el tercer año del servicio.
Lo que llama la atención es el origen del acuerdo: el 15 de julio, Starlink Argentina presentó una carta de intención ante el Enacom proponiendo la iniciativa. Apenas nueve días después, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial la resolución que formalizó el programa “Conectividad satelital en establecimientos educativos de gestión pública de la República Argentina”, adoptando la propuesta tal cual fue presentada por la empresa.
La ecuación de Starlink: dona, cobra y compensa
La figura jurídica utilizada es la de “donación con cargo”, un mecanismo por el cual el donante condiciona la entrega de los bienes a un destino específico. En este caso, el cargo consiste precisamente en seguir contratando al propio donante una vez vencido el período inicial.
Hay además un párrafo del anexo que no fue publicado en la versión del Boletín Oficial. Al detallar el costo de instalación de las antenas —que paga el Fondo del Servicio Universal y que se le abona a Starlink—, el texto aclara que ese monto “eventualmente podrá ser deducido del aporte mensual establecido por el artículo 6° del Reglamento General del Servicio Universal”. Ese artículo regula el aporte del 1% que todas las licenciatarias de telecomunicaciones deben hacer al fondo. La consecuencia directa: Starlink puede compensar lo que el Estado le paga contra lo que ella misma le debe al fondo. Dona, cobra y descuenta su propia obligación.
ARSAT: afuera y con deuda pendiente
Mientras el Estado avanza con Starlink, la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT) queda fuera del esquema. Ezequiel Mc Govern, responsable de Innovación de la compañía pública, señaló que ARSAT puede ofrecer el mismo servicio a u$s 60 o 70 mensuales por establecimiento, menos de la mitad de lo que cobrará la firma de Elon Musk a partir del cuarto año.
“Todos estos servicios, con el SG-1, los podríamos dar sin ningún tipo de problema, hasta 50 megas por segundo y sin estos límites de datos”, afirmó Mc Govern, y agregó: “Esa es la plata que quieren desviar a Starlink, y ese dinero dejó de venir porque el Gobierno no envía la plata. Actualmente le debe más de 60 millones de dólares a ARSAT en servicios prestados”.
Hoy, ARSAT conecta de manera satelital a unas 1.845 escuelas rurales y coordina la conectividad terrestre de otros 11.000 establecimientos a través de la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo).
Un proceso sin transparencia ni competencia
El analista en telecomunicaciones Enrique Carrier, director de Carrier y Asociados, apuntó directamente a la falta de transparencia del proceso: “No fue a través de ningún mecanismo como concurso o subasta, en el que distintas empresas pudieran participar y hacer su oferta de conexión de las escuelas: con qué tecnología, con qué características y a qué precio”.
Carrier también marcó que el acuerdo deja abiertas demasiadas incógnitas: “Faltan algunas definiciones: cuál va a ser el precio a partir del cuarto año, cómo va a ser el esquema para la designación de las escuelas beneficiadas y quiénes se van a hacer cargo cuando hayan pasado esos tres años de servicio”.
El impacto para las provincias
En La Rioja y el resto de las provincias del país, el desenlace del acuerdo tiene consecuencias concretas: transcurridos los tres años del esquema inicial, los gobiernos subnacionales y municipios que adhieran deberán asumir el pago mensual por establecimiento conectado. A ese costo se suma la incertidumbre, ya que el Gobierno nacional no difundió el listado de escuelas beneficiadas, ni el reparto por provincia, ni los parámetros técnicos del servicio: no se fijó velocidad mínima, cupo de datos ni qué ocurre si un establecimiento supera el volumen comprometido.
Lo que sí está definido es que las provincias y municipios deberán suscribir contratos de adhesión para asumir ese compromiso financiero de largo plazo, en un contexto donde el Estado nacional ya le adeuda más de u$s 60 millones a su propia empresa pública por servicios educativos prestados.
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