Ley de Tierras: el mapa de votos que definirá si el Senado aprueba la extranjerización del territorio argentino

El oficialismo confía en que tiene los números para avanzar con la derogación de la normativa vigente. La llave la tienen los senadores “dialoguistas” y sus gobernadores. Entre los que votarán a favor figura el riojano Juan Carlos Pagotto.

El gobierno de Javier Milei llegó al 6 de agosto con una certeza —o al menos esa es la apuesta— : tiene los votos suficientes para darle media sanción en el Senado de la Nación al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que, de aprobarse, derogaría la Ley de Tierras y eliminaría los límites que hoy restringen la compra de suelo argentino por parte de capitales extranjeros.

Con los 72 miembros de la Cámara Alta convocados a sesión, el oficialismo necesita alcanzar 37 votos favorables para girar el proyecto a la Cámara de Diputados, donde el escenario le resulta, en principio, más favorable.

El debate se da en un contexto de tensión interna en el propio espacio gobernante: la relación entre el presidente Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel atraviesa uno de sus peores momentos, y aún no está claro qué postura adoptaría ella ante un eventual empate en la votación.

La Rioja, presente en el bloque oficialista

Entre los senadores que ya confirmaron su respaldo al proyecto figura Juan Carlos Pagotto, legislador por La Rioja e integrante del bloque de La Libertad Avanza. Su voto forma parte de los 21 que el oficialismo espera consolidar desde su bancada, encabezada por Patricia Bullrich.

El bloque completo de LLA que acompañaría la iniciativa incluye a legisladores de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis y Tierra del Fuego, además de La Rioja.

El aporte del PRO y parte de la UCR

El Frente PRO, con sus tres senadores —Andrea Marcela Cristina (Chubut), María Victoria Huala (La Pampa) y Enrique Martín Goerling Lara (Misiones)— también daría su apoyo al proyecto sin fisuras.

Desde la Unión Cívica Radical, en cambio, el panorama es más complejo. Del total de 10 senadores radicales, solo dos habrían confirmado su voto favorable: Mariana Juri y Rodolfo Suárez, ambos por Mendoza. El resto del bloque permanece en una posición expectante o directamente opuesta.

Con LLA, el PRO y estos dos radicales, el oficialismo sumaría 26 votos seguros. Le faltan, al menos, 11 más.

Todo depende de los “dialoguistas”

La incógnita central del debate la concentran los senadores identificados como “dialoguistas”: legisladores de bloques minoritarios o de partidos provinciales cuya definición dependerá, en buena medida, de la posición que adopten sus gobernadores.

Entre los radicales que aún no definieron su voto y que podrían inclinar la balanza figuran Maximiliano Abad (Buenos Aires), Flavio Fama (Catamarca), Silvana Schneider (Chaco), Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi (Corrientes), Daniel Kronenberg (La Pampa), Carolina Losada y Eduardo Galaretto (Santa Fe).

A ese grupo se suman legisladores del interbloque Impulso País —conformado por Provincias Unidas, Despierta Chubut e Independencia—: Carlos Mauricio Espínola (Corrientes), Alejandra Vigo (Córdoba), Edith Terenzi (Chubut) y Beatriz Ávila (Tucumán).

También se encuentran en zona de definición Flavia Royón, por Primeros los Salteños, y Julieta Corroza, representante de La Neuquinidad.

Un debate con consecuencias territoriales

La discusión no es menor. En algunas regiones del país, especialmente en la Patagonia, más del 50% del territorio ya se encuentra en manos extranjeras. Voces críticas advierten que la derogación de la Ley de Tierras profundizaría ese proceso, afectando zonas de frontera, recursos hídricos y áreas estratégicas del país.

El oficialismo, por su parte, encuadra la iniciativa como una medida de apertura económica y defensa de la propiedad privada, argumentando que no debe distinguirse entre propietarios nacionales y extranjeros.

La sesión del 6 de agosto definirá si el proyecto avanza o si los votos “dialoguistas” terminan frenando una de las reformas más controvertidas del gobierno de Milei.