La apelación del Gobierno nacional frenó el pago del programa Volver al Trabajo y dejó a 12.000 riojanos sin el subsidio mensual de 78.000 pesos. La medida golpea directamente el bolsillo de los sectores más vulnerables de la provincia y amenaza con retirar cerca de 1.000 millones de pesos de la economía local.
Una decisión que sacude a los más vulnerables
La suspensión del programa no es un hecho aislado. A nivel nacional, la medida afecta a aproximadamente 900.000 trabajadores de la economía popular, lo que implica una reducción de casi 72.000 millones de pesos en circulación. En La Rioja, el impacto tiene nombre y número: 12.000 familias que dependían de ese ingreso para sostener su consumo cotidiano.
Arnold Díaz, referente provincial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), fue contundente al describir el alcance del daño: la falta de ese dinero golpea principalmente a los pequeños comercios de barrio, que son los primeros en sentir la caída del consumo popular.
El contexto político detrás de la medida
La suspensión se produjo a partir de una apelación judicial impulsada por el Gobierno nacional, que frenó el pago del beneficio mientras la causa sigue su curso legal. Esta acción se enmarca en una política más amplia de ajuste del gasto social que el Ejecutivo nacional viene sosteniendo en distintas áreas.
Para los beneficiarios en La Rioja, la incertidumbre es inmediata: sin fecha de reanudación confirmada, miles de trabajadores informales y de la economía popular quedaron sin el respaldo económico que, en muchos casos, representa su único ingreso mensual estable.
Pobreza y desocupación: el riesgo de un efecto dominó
Díaz advirtió que la interrupción del programa podría agravar dos de los problemas más sensibles de la provincia: la pobreza y la desocupación. Al cortarse el flujo de dinero hacia los barrios, la cadena de consumo se resiente, y con ella, la estabilidad de comerciantes y pequeños emprendedores que dependen de esa demanda.
El escenario dibuja un efecto dominó: menos ingresos en los hogares, menos gasto en los barrios, menos actividad en el comercio local y mayor presión sobre una economía provincial que ya venía mostrando señales de debilidad.
Organizaciones sociales preparan una respuesta
Frente a la medida, organizaciones sociales de distintas provincias comenzaron a articular un plan de acción que podría incluir movilizaciones y protestas públicas. En La Rioja, referentes del sector ya mantienen reuniones para definir los pasos a seguir y evaluar cómo presionar para revertir la suspensión.
La tensión entre el Gobierno nacional y los movimientos de la economía popular escala, y La Rioja se posiciona como uno de los territorios donde el conflicto podría tener mayor visibilidad en los próximos días.