La Provincia defiende el bolsillo riojano: la pelea por la tarifa eléctrica ya está en la Corte Suprema
La disputa entre el Gobierno provincial y CAMMESA por los costos del transporte de energía eléctrica escaló al máximo tribunal del país. La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para impugnar el decreto provincial que impide trasladar los incrementos tarifarios directamente a las facturas de los usuarios riojanos.
La Provincia puso el cuerpo
La decisión del Gobierno provincial es clara: absorber esos mayores costos antes de que lleguen a los hogares, comercios y sectores productivos. En un contexto de presión inflacionaria sostenida y de ajuste nacional que golpea a las economías regionales, La Rioja optó por no trasladar al consumidor final los aumentos derivados del transporte de energía. Esa postura tiene ahora un escenario judicial de máxima envergadura.
El planteo de fondo no es menor: define quién paga los costos del sistema eléctrico. Si la Corte falla a favor de CAMMESA, los usuarios riojanos verían reflejados esos incrementos en sus boletas. Si sostiene la posición provincial, La Rioja consolida su capacidad de intervenir para proteger a su población de los vaivenes tarifarios nacionales.
Los intendentes, en bloque
Los jefes comunales de los 18 departamentos de la provincia respaldaron públicamente la postura del Ejecutivo provincial. Su acompañamiento no es un gesto menor: refuerza la legitimidad política de la decisión y advierte sobre el impacto concreto que un aumento tarifario tendría en las familias de cada rincón de La Rioja.
La advertencia es directa: un traslado de costos al usuario significaría mayor presión sobre economías domésticas que ya enfrentan un escenario difícil. Comercios, pequeños productores y familias de ingresos medios y bajos serían los más afectados.
Una pulseada que define un modelo
Este conflicto no es solo técnico ni tarifario. Es político. Expresa la tensión entre una política nacional de desregulación energética y la decisión de una provincia de proteger a sus ciudadanos de las consecuencias directas de ese modelo. La Rioja eligió dar esa pelea. Ahora la Corte tiene la palabra.