La Universidad Nacional de La Rioja se encuentra en el centro de una discusión histórica por la reforma de su estatuto interno. El proyecto presentado propone modificaciones estructurales de gran impacto, entre las que se destacan la extensión de los mandatos de 3 a 4 años y una polémica cláusula para “reiniciar el contador” de las reelecciones, lo que permitiría que algunas autoridades permanezcan hasta 14 años consecutivos en sus cargos. Asimismo, el texto eleva los requisitos necesarios para acceder al decanato e introduce modificaciones sensibles en la responsabilidad patrimonial estudiantil y en las referencias a las paritarias.
Ante este panorama, diferentes sectores de la casa de altos estudios salieron a marcar la cancha con firmeza. El reclamo unánime de los riojanos es claro: el estatuto no le pertenece a un solo sector político ni a una corporación transitoria; le pertenece a toda la comunidad. La postura mayoritaria apoya la necesidad de una reforma que modernice la institución, pero exige de manera inclaudicable que el proceso se realice con participación real, debate abierto de cara a los claustros y total transparencia, lejos de los acuerdos de pasillo que debilitan la democracia estudiantil.
Esta discusión de soberanía institucional se da en un contexto nacional sumamente adverso, donde la universidad pública sufre el ahogo financiero y el desprecio presupuestario por parte de la Casa Rosada. Mientras el Gobierno nacional asfixia el presupuesto educativo del interior profundo, en nuestra provincia la resistencia se construye cuidando la institucionalidad y la representatividad local. La línea marcada en la provincia defiende la educación pública como un derecho fundamental, y por eso se vuelve vital que la UNLaR mantenga sus puertas abiertas al diálogo social y no caiga en la opacidad centralista que la motosierra nacional intenta sembrar en todo el país.