Apremios ilegales en Ulapes: un abogado advierte que la gravedad del caso supera lo que reconocen las autoridades
Una causa judicial que involucra presuntas torturas y detenciones irregulares en la localidad riojana de Ulapes escaló en intensidad luego de que el abogado Nicolás Eduardo Mercado saliera a denunciar públicamente que el sistema institucional está subestimando la gravedad de los hechos.
Un cambio de fiscal y denuncias de tortura
La primera señal de movimiento en la causa fue el apartamiento del fiscal Carlos López y la designación del fiscal de Cámara Julián de la Corina para hacerse cargo de la investigación. El reemplazo fue confirmado por el propio Mercado, quien representa a las personas involucradas y viene siguiendo de cerca el expediente.
Pero el cambio procesal no es lo único que preocupa. Según el letrado, los hechos que se investigan incluyen torturas y coacciones para obtener confesiones. “Fueron castigados y torturados porque pretendían que confiesen la supuesta comisión de un hecho delictivo”, afirmó sin rodeos.
La detención, además, habría ocurrido fuera de la jurisdicción riojana: en territorio del departamento Ayacucho, provincia de San Luis, lo que agrega una dimensión adicional al debate sobre la legalidad del procedimiento.
Un código de la dictadura todavía vigente
Mercado no se limitó a cuestionar el caso en particular. Aprovechó para poner sobre la mesa un problema estructural: La Rioja sigue aplicando un código de faltas que data de la dictadura militar, bajo cuya figura contravencional —específicamente el artículo 32— habrían sido detenidas las víctimas.
El dato no es menor, sobre todo porque el propio Mercado, en su paso como diputado provincial, impulsó la sanción de un nuevo código de faltas que efectivamente fue aprobado por la Cámara de Diputados. Sin embargo, esa ley nunca fue implementada. La razón, según él, no es técnica sino política: “No se aplica por una cuestión presupuestaria y de manejo político”, señaló.
Esto deja al descubierto una contradicción institucional grave: existe una norma moderna, aprobada por el propio Poder Legislativo, que reemplazaría un instrumento jurídico de la última dictadura, pero el Estado opta por ignorarla.
La advertencia que el gobierno no debería ignorar
El abogado fue categórico al momento de evaluar la respuesta oficial al caso. En más de una oportunidad remarcó que “esto tiene más gravedad de lo que cree el titular de Asuntos Internos”, dejando en claro que, desde su perspectiva, la magnitud institucional del asunto no está siendo dimensionada correctamente por quienes tienen la responsabilidad de investigar y sancionar conductas irregulares dentro de las fuerzas de seguridad.
La causa, que involucra a personas de Ulapes y zonas aledañas, mantiene en alerta a la comunidad del interior riojano y plantea interrogantes que van mucho más allá de un procedimiento policial cuestionable: toca fibras sensibles vinculadas al uso de la fuerza, la vigencia de normas anacrónicas y la voluntad política de hacer cumplir las leyes que el propio Estado sanciona.
—