El Gobierno nacional eliminó las compensaciones económicas que sostenían los pasajes gratuitos para personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con cáncer. La medida desató fuertes críticas y volvió a poner en el centro del debate el ajuste libertario sobre los sectores más vulnerables.
Mientras Javier Milei insiste con el discurso del déficit cero, el ajuste avanzó ahora sobre uno de los derechos más sensibles: el acceso al transporte para personas con discapacidad. A través de la Resolución 28/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transporte eliminó el régimen de subsidios que compensaba a las empresas por los pasajes gratuitos otorgados por ley.
La normativa mantiene vigente el derecho en los papeles. Pero elimina el mecanismo económico que permitía que ese derecho pudiera ejercerse en la práctica.
La Ley 22.431, sancionada en 1981, garantiza el transporte gratuito para personas con discapacidad. Fue firmada durante la dictadura de Jorge Rafael Videla y jamás había sido desmantelada por ningún gobierno democrático. Ni Alfonsín, ni Menem, ni De la Rúa, ni los gobiernos kirchneristas, ni Mauricio Macri avanzaron sobre ese esquema.
HASTA LA LLEGADA DE MILEI
La decisión oficial afecta directamente a personas con discapacidad, pacientes trasplantados o en lista de espera y niños con cáncer, sectores que dependen del transporte público para tratamientos, controles médicos, estudios o actividades cotidianas.
El argumento libertario se sostiene en la desregulación del mercado. Desde el Gobierno aseguran que, tras la liberación tarifaria establecida por el Decreto 883/2024, las empresas ya no necesitan asistencia estatal. Pero la resolución no explica cómo absorberán el costo de los pasajes gratuitos compañías privadas habilitadas para maximizar ganancias.
En paralelo, el impacto del ajuste ya se siente en los bolsillos. Desde diciembre de 2023, el boleto mínimo de colectivo aumentó entre un 1.221% y un 1.545% según la región. Hoy, una persona con salario mínimo destina casi el 17,3% de sus ingresos al transporte, cuando hace poco más de dos años destinaba apenas el 2,6%.
En ese contexto, organizaciones sociales y dirigentes provinciales advirtieron que eliminar subsidios no es una decisión técnica: es dejar sin cobertura real a miles de personas que necesitan trasladarse todos los días.