El Gobierno de La Rioja y los intendentes del oeste provincial avanzan en una negociación clave con la empresa Vicuña Corp, en un intento por asegurar beneficios concretos para la provincia en el desarrollo del proyecto Josemaría, uno de los emprendimientos de cobre más importantes del país. El eje del debate ya no es solo la inversión, sino bajo qué condiciones se explotarán los recursos y qué impacto real tendrá en las comunidades riojanas.
El encuentro reunió a la vicegobernadora Teresita Madera, los intendentes Luis Orquera (General Lamadrid) y Hugo Páez (Felipe Varela), junto a funcionarios del área minera, con el CEO de la empresa, José Morea. La reunión expuso una demanda histórica: que La Rioja deje de ser territorio de paso y pase a ser protagonista en la cadena de valor minera.
Reclamos territoriales y presión política
Los jefes comunales plantearon tres condiciones centrales para avanzar en un acuerdo: compensaciones por el impacto del tránsito pesado en rutas riojanas, prioridad para la contratación de mano de obra local y participación de proveedores de la provincia en el negocio.
Estos reclamos reflejan una tensión de fondo: el proyecto se desarrolla en San Juan, pero su logística impacta directamente en territorio riojano. En ese contexto, la dirigencia local busca evitar que los costos ambientales y sociales recaigan sobre la provincia sin una retribución económica clara.
El intendente Orquera sintetizó el momento como un intento de “dejar atrás los desencuentros”, aunque el trasfondo revela una negociación todavía abierta, donde La Rioja intenta ganar margen frente a una empresa con fuerte peso en la región.
Estrategia provincial: minería con شروط propias
En paralelo, el gobernador Ricardo Quintela encabezó una reunión con autoridades de Vicuña para avanzar en un esquema de cooperación más amplio. El planteo oficial apunta a consolidar un modelo donde la provincia tenga injerencia directa en cuatro ejes: empleo local, desarrollo de proveedores, capacitación laboral y control ambiental.
La iniciativa se alinea con el Plan Quinquenal Minero 2026-2030 presentado recientemente, que busca posicionar a la minería como motor económico, pero bajo شروط políticas definidas por el Ejecutivo provincial.
Quintela dejó en claro que la provincia no resignará su potestad de control ambiental, un punto sensible en un contexto donde la expansión minera suele generar resistencias sociales. Este aspecto aparece como uno de los principales focos de tensión futura entre desarrollo productivo y sostenibilidad.
Obras e impacto local
Uno de los pocos anuncios concretos fue el compromiso de construir un bypass en Guandacol en un plazo estimado de 60 días. La obra apunta a mejorar la logística del transporte minero y reducir el impacto en zonas urbanas, una demanda sostenida por vecinos de la región.
Sin embargo, más allá de este avance puntual, el resultado de la negociación aún está abierto. El desafío para el Gobierno provincial será traducir los compromisos en beneficios tangibles y evitar que el desarrollo minero profundice asimetrías territoriales.
La discusión de fondo ya está instalada: quién se queda con la renta minera y bajo qué condiciones. En ese escenario, La Rioja busca pasar de actor periférico a socio estratégico, en una puja donde el equilibrio entre inversión, empleo y ambiente definirá el impacto real del proyecto en las próximas décadas.