La Nación va a la Corte contra La Rioja: CAMMESA impugna el congelamiento de tarifas que protege el bolsillo riojano
La empresa estatal que administra el mercado eléctrico mayorista presentó una acción judicial para voltear los decretos provinciales que frenaron los aumentos de luz. El gobierno de Quintela lo llama por su nombre: disciplinamiento.
La pulseada entre el gobierno provincial y el poder central por las tarifas eléctricas llegó a la instancia más alta del sistema judicial argentino. La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra los decretos que La Rioja dictó para congelar los aumentos en las boletas de luz.
La acción apunta directamente al Decreto de la Función Ejecutiva Provincial de 2024 y a la Resolución Ministerial N° 133/2024, instrumentos con los que el gobierno riojano decidió proteger a los usuarios de los incrementos tarifarios que el esquema nacional venía imponiendo. CAMMESA sostiene que los costos del servicio deben trasladarse íntegramente a los consumidores finales y que el gobernador no tiene atribuciones para alterar el cuadro tarifario nacional.
Desde la Asesoría General del Gobierno provincial, Pedro Goyochea confirmó que La Rioja fue notificada de la demanda la semana pasada. Además de la acción principal, CAMMESA solicitó una medida cautelar para suspender de inmediato el congelamiento mientras la Justicia resuelve el fondo del asunto. Por ahora, la Corte no se pronunció sobre esa cautelar, y la provincia tiene plazo hasta febrero de 2025 para presentar su respuesta formal.
El desenlace definitivo no será rápido. Se estima que el máximo tribunal podría tardar hasta un año en expedirse sobre la constitucionalidad de las normas provinciales. Mientras tanto, el congelamiento sigue vigente y los riojanos continúan pagando las tarifas que el gobierno provincial determinó.
La lectura política desde la Casa de Gobierno es clara y sin rodeos: se trata de un intento de disciplinamiento por parte del Ejecutivo Nacional hacia una provincia que se plantó frente a la política tarifaria de la gestión Milei. Goyochea calificó la presentación judicial de CAMMESA como “curiosa”, una definición que habla más de la tensión política de fondo que de cualquier tecnicismo jurídico.
Lo que está en juego no es solo un decreto. Es la disputa de fondo entre una provincia que decidió usar sus herramientas institucionales para amortiguar el impacto de la crisis energética sobre sus vecinos, y un gobierno nacional que no tolera que ningún distrito se corra del libreto tarifario que impulsa. La Corte Suprema tendrá la última palabra, pero la batalla política ya está declarada.