El gobierno nacional tomó deuda con el BID para financiar 21.000 despidos en el Estado
La paradoja es tan evidente que cuesta creerla: la administración de Javier Milei contrató un préstamo de 300 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar la salida de más de 21.000 trabajadores del sector público. Endeudarse para achicarse. Esa es la lógica que hoy rige en la Casa Rosada.
El mecanismo quedó formalizado a través de dos decretos. Por un lado, el decreto 1177/2026 habilitó la operación financiera con el BID. Por el otro, el decreto 1023/26 autorizó al Ministerio de Modernización, a cargo de Federico Sturzenegger, a ejecutar un plan de retiros voluntarios para el personal de planta permanente en organismos del Estado nacional.
El préstamo del BID y sus condiciones
El organismo multilateral desembolsará los fondos en cuatro años. La devolución se extiende a lo largo de 25 años, con un período de gracia de cinco años y medio sin pago de capital. La tasa de interés es variable, atada al índice SOFR más un margen adicional del BID, por lo que el costo final del crédito es incierto.
Lo que sí está claro es el alcance del primer tramo: 300 millones de dólares que integran una línea de crédito global de hasta 800 millones de dólares. Todo destinado a solventar indemnizaciones de trabajadores estatales que, según los gremios, en muchos casos se ven empujados a la salida por el deterioro sistemático de sus condiciones laborales.
El antecedente del INTA y la lección aprendida
El gobierno ya había intentado un esquema similar con los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. En esa oportunidad, el propio directorio del INTA rechazó el plan porque no había financiamiento disponible para solventarlo. La lección no cayó en saco roto: esta vez, Milei salió a buscar los dólares afuera.
El repudio de ATE y la marcha a Olivos
La Asociación de Trabajadores del Estado rechazó la medida con dureza. Rodolfo Aguiar, titular del gremio, anunció una movilización a la Quinta de Olivos para el miércoles y fue categórico: “Ningún país del mundo se endeuda para achicarse, sino para tener un mejor futuro. Estos se endeudan para destruir”.
Aguiar también cuestionó la legalidad de la operación: “Se endeudan en dólares para despedir en pesos. Esto es un disparate, una maniobra completamente ilegal”. Desde ATE advirtieron además que los llamados retiros voluntarios no son tales, sino una “estafa” montada sobre condiciones laborales degradadas deliberadamente para forzar la salida del personal.
La Junta Interna de ATE de la Secretaría de Trabajo fue más directa aún: cada puesto que se elimina no solo reduce la dotación del Estado, sino que destruye experiencia acumulada e invalida capacidades institucionales que sostienen derechos concretos de la ciudadanía.
Lo que queda en pie es una pregunta incómoda para el gobierno: ¿cómo se explica que el ajuste fiscal tenga como contrapartida más deuda externa? La respuesta, por ahora, la tienen Sturzenegger y el BID.