Alquileres y DNU: la batalla política que llega a los bolsillos de los riojanos
La disputa por el DNU 70/2023 ya no es solo una escaramuza parlamentaria en Buenos Aires. Es una pulseada que tiene consecuencias directas sobre lo que pagan los riojanos por vivir bajo un techo.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió con datos concretos a defender la desregulación económica que impulsa el Gobierno de Javier Milei. En declaraciones a La Nación+, el titular del cuerpo legislativo afirmó que desde el inicio de la actual gestión presidencial los alquileres cayeron un 40% en términos reales, y que esa mejora es consecuencia directa de la derogación de la Ley de Alquileres incluida en el megadecreto.
El dato no es menor para una provincia como La Rioja, donde el acceso a la vivienda en alquiler es uno de los problemas cotidianos más sensibles para las familias, especialmente en la capital.
El argumento de Menem es claro: la eliminación del marco regulatorio anterior aumentó la oferta de inmuebles y normalizó los acuerdos entre propietarios e inquilinos. Según el legislador, revertir esas medidas tendría un costo inmediato: “Si se cae el DNU 70 vuelve la ley de alquileres y sube un 30 o 40% más los alquileres”, advirtió.
La ofensiva opositora en el Congreso
El contexto de estas declaraciones es la presión que ejercen bloques de Unión por la Patria y sectores dialoguistas para convocar a una sesión especial y voltear el DNU 70/2023 en el recinto. Menem fue categórico al calificar esa maniobra como un intento deliberado de “sembrar el caos” y obstruir el proceso de estabilización económica que, según el oficialismo, muestra resultados medibles.
El presidente de la Cámara Baja sostiene que retrotraer las reformas desregulatorias no solo frenaría la oferta de viviendas, sino que generaría un perjuicio directo a los sectores de menores ingresos, en un momento en que la inflación muestra una desaceleración sostenida.
Un debate con impacto real en La Rioja
Lo que se decide en el Congreso sobre el DNU 70/2023 no queda en los pasillos de la Cámara de Diputados. Incide en cuánto paga una familia riojana por su vivienda, en cuántos inmuebles hay disponibles y en qué condiciones se firman los contratos.
La discusión política tiene, en este caso, una traducción económica directa. Y los riojanos tienen derecho a saber qué posición defiende cada espacio antes de que se defina el voto.