Deepfakes en las escuelas: la violencia digital avanza y el Congreso no da respuestas
Adolescentes desnudadas con inteligencia artificial en colegios porteños. Casos que se repiten. Denuncias que crecen año a año. Y una ley específica que sigue trabada en el Congreso de la Nación. El fenómeno de los deepfakes de contenido sexual ya no es una alerta lejana: es una realidad que golpea a las aulas argentinas y que, tarde o temprano, puede llegar a cualquier escuela del país, incluyendo las riojanas.
Un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires lo pone en números: el 13% de los estudiantes encuestados afirma conocer casos de este tipo en su entorno escolar. El 43% dice haber recibido imágenes o videos editados con inteligencia artificial. Aunque solo el 1% se reconoce como víctima directa, la cifra subestima una problemática que por vergüenza, miedo o desconocimiento no siempre se denuncia.
Las denuncias formales ante la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas crecieron en forma sostenida: cuatro en 2023, cinco en 2024, nueve en 2025 y cuatro solo hasta julio de 2026. La tendencia es clara y va en alza.
Lo que ocurre es violencia sexual digital
Llamarlo de otra manera es minimizarlo. Que las imágenes sean generadas artificialmente no reduce el daño real que producen en las adolescentes afectadas. Se vulneran la dignidad, la intimidad y la integridad de personas reales, muchas veces menores de edad. El entorno escolar queda paralizado. Y las víctimas enfrentan una revictimización institucional que agrava el daño original.
La abogada especialista en cibercrimen Florencia Zerda lo resume con precisión: el artículo 128 del Código Penal, pensado para casos de explotación sexual infantil, no fue diseñado para los deepfakes. Las fiscalías de todo el país recurren a figuras periféricas porque no existe un tipo penal específico. No hay condenas.
El Congreso, en deuda
La Ley Belén, que busca tipificar la creación, difusión y comercialización de este tipo de imágenes tanto para mayores como para menores de edad, fue presentada por tercera vez desde 2022 y sigue sin tratamiento en la Comisión de Legislación Penal. La fiscal jefa de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal porteño, Genoveva Cardinali, es directa: la Ley Olimpia reconoció la violencia digital pero no generó herramientas penales efectivas para combatirla.
La impunidad no es un accidente: es el resultado de la inacción legislativa.
Prevención, no solo punición
Las expertas son claras en otro punto: la respuesta penal no alcanza. La Educación Sexual Integral debe incorporar de forma explícita el consentimiento digital, los riesgos de la manipulación de imágenes y la violencia de género en entornos virtuales. Las plataformas y las empresas que desarrollan herramientas de inteligencia artificial también tienen responsabilidades que regular, tal como lo hacen la Online Safety Act del Reino Unido y el Digital Services Act de la Unión Europea.
Intervenir cuando las imágenes ya circulan es llegar tarde. Argentina necesita actuar antes: con legislación, educación y regulación tecnológica a la altura del problema.