La Justicia frenó a EDELAR: amparo protege a cerca de 300 familias de Chilecito y Famatina por facturas de luz fuera de escala
Un fallo judicial puso un límite provisorio al incremento tarifario que venía aplicando EDELAR en el interior de la provincia. La jueza Claudia Zárate admitió formalmente el amparo presentado por usuarios de Chilecito y Famatina, impulsado por la UCR, y ordenó una medida cautelar innovativa que impide a la distribuidora cortar el suministro eléctrico a los vecinos incluidos en la acción y obliga a refacturar tomando como referencia los valores tarifarios de abril.
Cerca de 300 familias están alcanzadas por la presentación. Todas manifestaron imposibilidad o serias dificultades para afrontar los montos cobrados en las últimas boletas. Desde la representación legal se aclaró un punto que genera confusión: la medida no habilita a dejar de pagar la luz, sino a abonarla con la tarifa del período de referencia establecido judicialmente.
El expediente tiene fecha clave: el 18 de septiembre próximo está fijada una audiencia en la que las partes deberán exponer sus argumentos y la Justicia avanzará en el análisis del fondo de la cuestión.
La diputada provincial radical Kelina Rodríguez, parte activa de la presentación, explicó que el amparo alcanza a quienes ya entregaron sus facturas y quedaron formalmente incorporados al expediente. Sin embargo, advirtió que hay nuevos usuarios con facturaciones igualmente elevadas y que se evalúa ampliar la acción para sumarlos.
Rodríguez ancló el reclamo en la Constitución provincial: el artículo 49 reconoce el acceso a la energía eléctrica como un derecho constitucional. Desde esa perspectiva, el amparo no es un recurso político sino una herramienta jurídica concreta ante una posible vulneración de ese derecho.
La legisladora también apuntó a un vacío institucional que agrava la situación: la ausencia de un Defensor del Pueblo en funciones. Ese organismo, diseñado precisamente para interponerse entre el ciudadano y las empresas prestadoras de servicios públicos, no está operativo, lo que deja a los vecinos sin un canal oficial de defensa y hace recaer ese rol en la vía judicial.
El caso expone una tensión que excede lo tarifario: la capacidad real del Estado provincial para garantizar derechos básicos cuando el ajuste llega a los hogares del interior riojano.