Quintela responde al Gobierno nacional: La Rioja avanza con su propio blindaje para las tierras rurales
En un movimiento político de fuerte contenido simbólico, el gobernador Ricardo Quintela presentó este viernes un proyecto de ley ante la Cámara de Diputados provincial para regular el acceso de personas y empresas extranjeras a las tierras rurales de La Rioja. La iniciativa llegó horas después de que el Gobierno nacional debiera retirar del Congreso los capítulos más polémicos de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, precisamente los vinculados a la extranjerización de tierras y a la Ley Nacional de Manejo del Fuego.
El timing no es casual. Mientras Nación cedía terreno legislativo, La Rioja avanzaba en sentido contrario.
Una reglamentación con historia propia
El proyecto presentado por el Ejecutivo provincial reglamenta el artículo 81 de la Constitución de La Rioja, sancionada el 22 de julio de 2024. Esa norma ya establecía un marco conceptual sobre la tierra como recurso estratégico, y ahora el Gobierno busca dotarla de instrumentos concretos de aplicación.
La iniciativa define un régimen específico para la adquisición, transferencia, alquiler y constitución de derechos reales sobre inmuebles rurales cuando intervienen sujetos extranjeros, ya sean personas físicas o jurídicas.
El 3% como techo y las zonas prohibidas
Entre los puntos centrales del proyecto se destaca la fijación de un límite máximo del 3% de la superficie rural provincial en manos extranjeras, porcentaje que también rige por departamento. Además, se establece un tope por nacionalidad para evitar procesos de concentración territorial.
El texto prohíbe expresamente que actores foráneos accedan a tierras ubicadas en franjas de seguridad de frontera, zonas con ríos, acuíferos o nacientes, áreas naturales protegidas, parques provinciales, sitios arqueológicos, tierras destinadas a la agricultura familiar y espacios calificados como estratégicos para el desarrollo riojano.
La tierra, más que un bien de mercado
En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo provincial sostiene que la tierra no puede reducirse a su valor económico de mercado. La define como un componente esencial del Estado, ligado a la soberanía territorial, la preservación ambiental, la seguridad alimentaria y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Con ese criterio, la norma propuesta declara de orden público e interés provincial estratégico todo el régimen que regula las tierras rurales alcanzadas por sus disposiciones.
Registro, habilitación previa y sanciones
Para garantizar su cumplimiento, el proyecto crea el Registro Único Provincial de Tierras Rurales, organismo encargado del relevamiento permanente y el control de operaciones. Toda transacción que involucre a un sujeto extranjero deberá contar previamente con un Certificado de Habilitación, requisito obligatorio para la inscripción registral.
El régimen sancionatorio prevé la nulidad absoluta de las operaciones realizadas en infracción, multas de hasta el 50% del valor fiscal del inmueble y la obligación de desprenderse de las tierras adquiridas irregularmente en un plazo de 360 días. También ordena un relevamiento obligatorio de los actuales titulares extranjeros de tierras rurales dentro de los 180 días desde la entrada en vigencia de la ley.
Una señal política en medio del debate nacional
Más allá de su contenido técnico, la presentación del proyecto representa una toma de posición clara del gobernador Quintela frente al debate que atraviesa la política nacional. Mientras el oficialismo nacional debía resignar puntos clave de su agenda legislativa por falta de consenso, el Gobierno riojano construía un esquema propio, con restricciones más estrictas y una lógica opuesta a la desregulación que impulsa el Ejecutivo nacional.
La iniciativa deberá ahora recorrer el proceso legislativo en la Cámara de Diputados provincial, donde el oficialismo cuenta con mayoría para avanzar en su tratamiento.