La reforma de la Ley de Manejo del Fuego: sin consenso y bajo la presión del COFEMA
El Gobierno nacional retiró del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que permitía la venta de tierras a extranjeros, pero la controversia no se disipó. La iniciativa mantiene modificaciones a la Ley Nacional de Manejo del Fuego, y según fuentes parlamentarias consultadas, esos cambios tampoco contarían, por ahora, con los votos necesarios para ser aprobados en el Senado.
Un proyecto que llega con flancos abiertos
La sesión en el Senado arrancó este jueves con varios puntos de alto impacto todavía en disputa. Además de las reformas al régimen de manejo del fuego, el proyecto incluye cambios en el sistema de desalojos y otros aspectos vinculados a la protección de la propiedad privada.
Las negociaciones continúan, y la eliminación del capítulo sobre tierras no cerró el debate: abrió uno nuevo.
Qué cambia en la Ley de Manejo del Fuego
El núcleo de la controversia está en la eliminación de restricciones que hoy impiden modificar el uso productivo o inmobiliario de terrenos afectados por incendios.
La legislación vigente, impulsada originalmente por Máximo Kirchner, fue diseñada con un objetivo claro: desalentar incendios provocados con fines especulativos, evitando que campos quemados puedan reorientarse rápidamente hacia otros usos.
El oficialismo argumenta que esas restricciones vulneran el derecho de propiedad y limitan la capacidad de los dueños de recuperar el uso de sus tierras. Los sectores críticos, en cambio, advierten que flexibilizar esas barreras eliminaría uno de los pocos frenos disponibles frente a maniobras especulativas sobre territorios rurales.
La advertencia de Florencia López
La senadora riojana Florencia López fue una de las voces más directas en el debate previo. “Este cambio del destino de las tierras permite que hubo un montón de incendios voluntarios de forma tal que le bajaron el precio a las tierras y después extranjeros o nacionales también les compraron por dos mangos porque le pueden cambiar el destino de esa tierra incendiada”, señaló la legisladora.
Para López, la reforma podría profundizar una lógica especulativa sobre el territorio rural, especialmente en zonas donde la presión productiva e inmobiliaria es creciente.
El COFEMA dijo no
La oposición al capítulo no es solo política. El miércoles, el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), que nuclea a las autoridades ambientales de todas las provincias del país, resolvió recomendar el rechazo de las modificaciones a la legislación ambiental incluidas en el proyecto.
La decisión se adoptó incluso después de que la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación pidiera aplazar el tratamiento del tema, argumentando que el proyecto seguía sufriendo cambios durante su trámite parlamentario.
El pronunciamiento del COFEMA agregó presión técnica a un proyecto que ya mostraba señales de debilidad política, y fue leído por distintas fuentes como un elemento adicional que complica la construcción de mayorías en el Senado.
Lo que está en juego para La Rioja
El debate tiene una dimensión concreta para La Rioja. En los últimos años, la provincia acumuló una larga lista de incendios rurales y forestales que movilizaron brigadistas, medios aéreos y organismos de emergencia de distintos niveles.
El episodio más reciente fue el incendio en la zona de Guanchín, en el departamento Chilecito, donde durante varios días intervinieron bomberos, brigadistas provinciales y nacionales, personal del Sistema Provincial de Emergencias y aeronaves hasta lograr extinguir el fuego. El siniestro afectó miles de hectáreas y requirió un operativo interinstitucional de gran escala.
En ese contexto, cualquier modificación a las reglas que rigen el manejo del fuego no es solo una discusión jurídica: tiene consecuencias directas sobre el territorio, la economía rural y la capacidad del Estado provincial para responder ante este tipo de emergencias.
Mientras el Gobierno nacional defiende los cambios como una ampliación del derecho de propiedad, los sectores críticos insisten en que desmantelar las restricciones vigentes equivale a debilitar una de las pocas herramientas disponibles para desalentar los incendios intencionales.
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