El Senado volverá a sesionar este miércoles a las 11. En el temario figura el rechazo al veto presidencial sobre la ley que declara la emergencia en Discapacidad. También se debatirá un proyecto para regular los decretos de necesidad y urgencia (DNU). La sesión estará atravesada por el escándalo de los audios del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo.
La reunión de Labor Parlamentaria definió los temas y la dinámica del debate. El foco estará puesto en las grabaciones que involucran a figuras cercanas al presidente Javier Milei. Entre ellas, a su hermana Karina Milei y al funcionario Eduardo “Lule” Menem.
Se presentarán al menos cinco cuestiones de privilegio contra el oficialismo. Todas giran en torno a supuestas coimas y maniobras irregulares. También se cuestionará la cautelar del juez Alejandro Maraniello, que prohíbe difundir los audios.
El interbloque peronista, liderado por José Mayans, había considerado pedir la interpelación de Karina Milei. Pero al no tener dictamen de comisión, la iniciativa requiere el apoyo de dos tercios del Senado. Por ahora, esa posibilidad parece lejana.
La sesión será presidida por Bartolomé Abdala. Esto se debe a que la vicepresidenta Victoria Villarruel quedará a cargo del Ejecutivo durante el viaje del presidente Milei a Estados Unidos.
Uno de los puntos centrales será el tratamiento del veto sobre la emergencia en Discapacidad. La ley, ya aprobada por el Congreso, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Establece una actualización de aranceles y asignaciones, y reconoce una deuda con prestadores. Las contribuciones por invalidez serán equivalentes al 70% del haber jubilatorio mínimo. Además, los valores se actualizarán mensualmente según el índice de inflación del INDEC.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley tendría un impacto fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PBI. El valor varía según la cantidad de beneficiarios que se incorporen hasta fines de 2026.
De concretarse el rechazo al veto, sería un hecho histórico. La última vez que el Congreso revirtió un veto presidencial fue en abril de 2003.
También se debatirá un proyecto que limita el uso de DNU por parte del Ejecutivo. La iniciativa fue apoyada por el kirchnerismo, el PRO, la UCR y bloques provinciales. Propone que los decretos deban aprobarse en un plazo de 90 días por ambas cámaras. Si eso no ocurre, se consideran derogados. También establece que el rechazo por una sola cámara los deja sin efecto. Se mantendrán solo los derechos adquiridos mientras estuvieron vigentes.