Quintela llevó a la Justicia al gobierno de Milei por el presunto desvío de más de un billón de pesos destinados a obras viales
La provincia de La Rioja se constituyó como querellante en una causa penal que investiga el manejo irregular de fondos del Sistema Vial Integrado. El gobernador Ricardo Quintela apunta directamente al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo.
La denuncia y sus alcances
El gobierno provincial formalizó su adhesión a una causa judicial que investiga el destino de los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial), un fondo específico creado para financiar el mantenimiento y la construcción de rutas en todo el país. Según la presentación, más de un billón de pesos habrían sido desviados de su propósito original.
La querella fue presentada por el abogado y dirigente peronista Jorge Yoma, ex diputado y ex senador nacional, quien actuó en representación de la provincia. A través de su cuenta en X, Yoma remarcó el “grave perjuicio” que la situación genera para La Rioja, en particular por la paralización de obras viales estratégicas.
Entre los proyectos paralizados, Yoma destacó el Corredor Bioceánico, que une La Rioja, Chilecito y el paso de Pircas Negras con Chile, calificándolo como una “obra de interés estratégico para el país” cuya demora impacta directamente en el desarrollo económico y la conectividad regional.
Qué dicen las acusaciones
La presentación provincial solicita que se investigue penalmente al presidente Javier Milei, al ministro Luis Caputo y a otros funcionarios del Ejecutivo nacional por los presuntos delitos de defraudación en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.
El eje central de la acusación es que los fondos del SisVial, en lugar de destinarse a obras viales, habrían sido colocados en instrumentos financieros como títulos públicos y plazos fijos para sostener el equilibrio fiscal. Esta práctica fue reconocida, al menos parcialmente, por el propio vocero presidencial, Adrián Ravier, en un encuentro público celebrado en La Pampa.
Una causa que crece
La acción de La Rioja no es un hecho aislado. El 10 de agosto pasado, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz ya había presentado una denuncia penal ante los tribunales federales de Comodoro Py, apuntando también a Caputo y a las autoridades del Banco Nación por presunta malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.
Esa causa tuvo una respuesta judicial rápida: el juez federal Ernesto Kreplak hizo lugar al amparo colectivo impulsado por la legisladora e intimó al Gobierno nacional a brindar explicaciones en un plazo de tres días, bajo apercibimiento de dictar una medida cautelar que obligue al Estado a retomar las obras paralizadas.
La suma de ambas presentaciones configura un frente judicial que pone bajo la lupa la gestión de uno de los fondos más sensibles para las provincias: el que financia la infraestructura vial que conecta territorios, reactiva economías locales y garantiza derechos básicos de circulación.
Para La Rioja, cuya geografía hace de las rutas un elemento crítico de integración, la paralización de obras como el Corredor Bioceánico no es solo una cuestión administrativa. Es un problema de desarrollo concreto.
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