El intento del gobierno nacional de recortar las pensiones por discapacidad encontró en La Rioja un firme obstáculo, que no solo se expresó en el plano judicial, sino que marcó un antes y un después a nivel político. La presentación de un amparo por parte de la provincia no solo frenó el recorte en su territorio, sino que también estableció un precedente legal y político que fue seguido por otras provincias, como Catamarca.
El impacto de esta decisión fue tan contundente que, en respuesta, el presidente Javier Milei –en un tono marcado por la campaña electoral– anunció ayer un aumento en el presupuesto destinado a los pensionados por discapacidad, al mismo tiempo que dio por terminada la judicialización en torno a la promulgación de la Ley de Discapacidad, la cual había sido rechazada por él en un veto presidencial, pero ratificada por el Congreso.
La acción de La Rioja fue mucho más que un simple recurso legal favorable: fue un acto político de profundo compromiso. La provincia optó por defender a los sectores más vulnerables frente a un gobierno nacional que, bajo la excusa del ajuste, intentaba avanzar sin medir las consecuencias sociales. La Rioja se plantó ante la injusticia y, con su decisión, marcó un rumbo claro para quienes creen que los derechos no deben negociarse ni ser reducidos a meras cifras fiscales, tal como lo plantea Milei.
El fallo favorable de La Rioja no fue un hecho aislado. Su efecto multiplicador fue inmediato: dejó en evidencia que la justicia puede actuar como un contrapeso frente a las decisiones arbitrarias del Ejecutivo nacional, y que la resistencia de una provincia puede impulsar una defensa colectiva. Lo sucedido en La Rioja fue solo el inicio de una reacción federal que obligó al gobierno nacional a retroceder.
En un contexto donde la austeridad se presenta como justificación para recortar lo fundamental, el antecedente de La Rioja demuestra que la política debe tener un papel protagónico en la defensa de la dignidad humana. Porque cuando se trata de los derechos de las personas con discapacidad, no se habla de un gasto fiscal: se habla de justicia, humanidad y responsabilidad social.