En La Rioja, el empleo público no es solo una cifra en las estadísticas; es el eje sobre el cual gira buena parte de la economía de la provincia, especialmente en los municipios y departamentos de menor densidad poblacional. La presencia del sector estatal se convierte en un motor que impulsa la demanda local y, al mismo tiempo, garantiza la continuidad de los servicios básicos para todos los habitantes.
Según el informe de Argendata (Fundar) sobre el Censo Nacional 2022, La Rioja se encuentra entre las provincias argentinas con mayor concentración de empleados públicos. Este fenómeno, lejos de ser una mera carga fiscal, se transforma en un generador de ingresos estables que beneficia a sectores como comercio, transporte, y servicios, sosteniendo cadenas de consumo que de otro modo podrían verse comprometidas en localidades más pequeñas donde la actividad privada es limitada o escasa.
La ecuación es clara: los salarios del sector público crean una demanda constante en un entorno donde la oferta privada no tiene la misma previsibilidad. Así, lo que entra en la provincia en términos de sueldos públicos, se traduce en un flujo de dinero que circula en negocios locales, desde tiendas hasta profesionales independientes, promoviendo la economía local. En aquellos departamentos con población más reducida, el impacto es aún mayor. Sanagasta, por ejemplo, cuenta con aproximadamente 221 empleados públicos por cada 1.000 habitantes, una densidad que resalta la relevancia del Estado no solo como empleador, sino como pilar económico y social en el territorio.
No obstante, reconocer la importancia del empleo público no implica desconocer los desafíos que plantea un modelo basado en la centralidad estatal. Gestionar eficientemente esta estructura, sobre todo en tiempos de dificultades económicas nacionales y recortes en el apoyo federal, exige un equilibrio constante en las finanzas provinciales, transparencia en la administración y mejoras en la productividad del gasto público. Sin embargo, sería un error reducir la alta concentración de empleados públicos a una mera carga fiscal, sin considerar los efectos positivos que esta estructura genera en el desarrollo territorial.
Por el contrario, la clave está en aprovechar este anclaje estatal para fomentar políticas activas que favorezcan encadenamientos productivos. El Estado, al ser el principal motor de la demanda, tiene un potencial transformador. Las compras públicas orientadas a proveedores locales, los programas de capacitación que vinculen al sector público con el privado, o la contratación que favorezca a las micro y pequeñas empresas provinciales son algunos de los caminos para dinamizar la economía. Incluso, el potencial de La Rioja en sectores como el turismo o la agroindustria podría ser aprovechado si se impulsan iniciativas que incorporen valor agregado mediante la infraestructura provincial y la promoción de recursos energéticos locales.
Además, la diversidad territorial de La Rioja exige políticas diferenciadas, que consideren las realidades particulares de cada departamento. Mientras que en las cabeceras urbanas, como la capital, la actividad privada puede complementar los esfuerzos del Estado, en los departamentos más pequeños el sector público sigue jugando un papel fundamental en la dinamización de la economía. Por ello, las políticas deben buscar un balance entre la sostenibilidad del empleo público y el impulso de la producción privada, generando nuevas oportunidades de trabajo y promoviendo el crecimiento económico de manera equilibrada.
Para que el empleo público se convierta en una verdadera herramienta de desarrollo, es crucial invertir en la formación de los trabajadores, mejorar la estabilidad en sectores clave como la salud, educación y seguridad, y priorizar aquellos trabajos que aporten valor social y generen productividad.
En resumen, el debate en La Rioja no debe centrarse en si el empleo público existe o no – es una realidad innegable y fundamental – sino en cómo optimizar su impacto para potenciar la economía local, generar empleo privado y fortalecer la resiliencia territorial. Aprovechar esa centralidad del sector público, más allá de ser un desafío, es una oportunidad concreta para el desarrollo y la transformación de la provincia.